Agricultura resolvió suprimir el rubro Lácteos del Siocal al considerar que carecía de respaldo legal para ejercer funciones de control y sanción.
La Secretaría de Agricultura de la Nación eliminó el rubro Lácteos del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (Siocal), una medida que forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno nacional para reducir cargas burocráticas en el sector agroindustrial.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución Nº 103/2026 y deja sin efecto la obligación de inscripción para los operadores de la cadena láctea. Según explicó la cartera agropecuaria, el registro había perdido utilidad como herramienta de fiscalización debido a que la actividad carece de un marco legal específico que otorgue facultades de control y sanción sobre sus operadores.
A diferencia de las cadenas de carnes y granos, que cuentan con leyes que respaldan la actuación de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), la actividad láctea no dispone de una normativa que habilite ese tipo de controles. En ese contexto, la inscripción en el registro representaba únicamente un trámite administrativo, sin efectos prácticos en materia de fiscalización.
Al momento de su eliminación, el rubro Lácteos contaba con 468 operadores inscriptos. Además, durante los últimos años las actividades alcanzadas por el registro ya se habían reducido de 13 a solo dos.
Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que la medida no implica resignar capacidades de control, sino adecuar los instrumentos administrativos a la normativa vigente y eliminar procedimientos que resultaban redundantes para las empresas del sector.
La decisión se enmarca en un proceso de reorganización de los registros agroindustriales iniciado en 2024. Entre las medidas adoptadas se encuentran la eliminación del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) y la reorganización del registro de la cadena de granos dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Con esta modificación, el Gobierno busca simplificar trámites para los operadores, reducir costos administrativos y optimizar los recursos destinados a la gestión de registros que ya no cumplían funciones efectivas de control.
