Pablo Vaquero, presidente de Gensus, advierte que Argentina necesita reglas claras para recuperar competitividad y sostener la inversión en mejoramiento genético.
La discusión sobre cómo proteger la innovación genética volvió a instalarse en las últimas semanas. El Gobierno nacional impulsó nuevos mecanismos para controlar la identidad varietal: a través de la Resolución Conjunta 3/2026 de la Secretaría de Agricultura y el INASE, puso en marcha un protocolo que permite analizar muestras de grano tomadas en el primer punto de entrega – acopios o plantas de recepción- para identificar la variedad utilizada. El esquema se aplicará a los nuevos cultivares inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, y busca reforzar la trazabilidad, el control del uso de variedades protegidas y los derechos de los obtentores. En paralelo, el renovado debate en torno a una eventual adecuación de la legislación local a estándares internacionales, como el convenio UPOV 91, reabrió una vieja discusión del sector: cómo garantizar que quienes invierten en investigación y desarrollo puedan recuperar esa inversión y, al mismo tiempo, acelerar la llegada de nuevas tecnologías al productor.
Ante ese escenario, Pablo Vaquero, presidente de Gensus -empresa dedicada al mejoramiento genético vegetal en algodón- y ex ejecutivo de Monsanto, consideró que el desafío ya no pasa por seguir discutiendo el problema, sino por avanzar en herramientas concretas que permitan ordenar el mercado de semillas y generar incentivos para la innovación.
“Hace 20 o 30 años que discutimos esto. Lo importante es que hoy se está intentando poner en marcha algo que sea realmente factible de implementar. Falta mucho, pero me parece que hay caminos trazados”, afirmó.
Luego, agregó que “esta nueva normativa aplica más específicamente a soja y trigo, pero se está realizando una adaptación para el algodón con la misma idea. Creemos que esto dará un vuelco significativo a la posibilidad de proteger los nuevos descubrimientos porque, en definitiva, de eso se trata: de generar un circuito virtuoso donde el INTA y las empresas que investigan puedan recibir un retorno a su inversión y seguir lanzando nuevas tecnologías mucho más rápido al mercado”.
Vaquero sostuvo que la discusión excede la cuestión legal y está directamente vinculada con la competitividad del país. “Sin reglas claras que protejan el desarrollo tecnológico resulta más difícil sostener programas de mejoramiento genético y acelerar la incorporación de innovaciones”, agregó.
“Esto es una carrera contra el mundo. Hoy, como país, hemos perdido muchos de los lugares de privilegio que teníamos en productividad por hectárea y que tenemos que recuperar en soja, trigo, algodón y en la producción agropecuaria en general”, advirtió.
En ese sentido, destacó que el hecho de que el tema haya vuelto a instalarse en la agenda sobre legislación de semillas representa una oportunidad para avanzar hacia consensos largamente postergados.
“Me parece que este tipo de conversaciones que hoy se están dando son el paso que hay que dar para terminar de solucionar este tema”, concluyó.
