Especialistas de la Fundación Vida Silvestre advierten que, a 15 años de su sanción, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose.
Manuel Jaramillo y Daniela Gomel, especialistas de la Fundación Vida Silvestre, advirtieron que, a 15 años de la Ley de Bosques, “la deforestación ilegal persiste”.
“Su aprobación fue uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental. Sin embargo, años más tarde, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose” dicen los ambientalistas en un artículo de opinión publicado por el diario Perfil.
La opinión de los especialistas de Vida Silvestre
Un 28 de noviembre de 2007 en la Argentina se producía uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental: se sancionaba la N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El país se encontraba en emergencia forestal, con tasas de deforestación que rondaban el 0,94% anual (lo que significaba una pérdida aproximada de 700 mil hectáreas por año), lo que impulsó a diferentes sectores de la sociedad civil a trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.
A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar la aprobación del proyecto de ley. Durante ese proceso, la Fundación Vida Silvestre Argentina aportó elementos técnicos para la discusión que luego se vieron reflejados en la ley.
Hoy, a 15 años de su sanción, la Ley de Bosques se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos y visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Además, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, estabilizándose hasta el año 2019, momento en el cual volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.
A pesar de contar con esta ley, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. El avance de la deforestación y conversión de estos ambientes naturales para dichas actividades provoca graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles y que atentan contra nuestra salud y nuestro bienestar, así como el de otras especies que habitan los bosques.
A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas, como claramente indica la Ley 26.331. Complementariamente, la ausencia de un registro nacional de infractores a la ley limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Además, los bosques sanos funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos (como virus y bacterias) que pueden afectar al ser humano.
A partir del informe “Diagnóstico actualizado del estado de implementación Ley 26.331”, elaborado en conjunto entre Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se pueden destacar los siguientes puntos:
La desfinanciación sistemática de la ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Durante el año 2021 se asignaron 5.000.000 de pesos adicionales que fueron derivados a las provincias y para el 2023, según el proyecto de ley de Presupuesto, el monto asignado tendría un leve aumento y llegaría a un 10,4%., lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el Consejo Federal del Medio Ambiente, emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables. No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina la Ley.
Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras, desde su creación y puesta en marcha continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.
Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las jurisdicciones y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales.
