CRA reclamó garantías para la propiedad privada y reglas previsibles, mientras que la SRA destacó el potencial de generación de divisas e inversiones.
Las entidades rurales plantearon sus principales reparos y propuestas durante un nuevo plenario de las comisiones del Senado de la Nación que analiza el proyecto de ley para establecer un marco regulatorio del mercado de carbono en la Argentina. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) puso el foco en la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica, mientras que la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó el potencial económico de la actividad y reclamó reglas que permitan que los beneficios lleguen a los productores.
CRA consideró positivo que el Congreso avance con una legislación nacional sobre mercados de carbono, al entender que puede favorecer la llegada de inversiones, el financiamiento climático y el reconocimiento económico de los servicios ambientales generados por los productores. Sin embargo, advirtió que el desarrollo del mercado requiere reglas previsibles para evitar conflictos entre el Estado, las provincias, los propietarios rurales, los desarrolladores y los compradores de créditos.
Durante la exposición, Ernesto Messina sostuvo que los créditos de carbono pueden ser reconocidos como activos intangibles y comercializados, pero que no deben desvincularse del derecho de propiedad que les da origen. Según el planteo de CRA, cuando un crédito se genera sobre un inmueble privado, el propietario debe conservar la titularidad económica y percibir los beneficios correspondientes, salvo que exista un consentimiento expreso o una cesión contractual válida.
La entidad también cuestionó el alcance que podrían tener los programas jurisdiccionales o colectivos. Señaló que la inclusión de un establecimiento en un programa provincial, inventario, registro o metodología de certificación no debería interpretarse como una cesión de derechos ni como una adhesión automática.
Por eso, CRA propuso que la participación de los productores en estos esquemas sea previa, expresa, específica, informada y por escrito. También pidió preservar la posibilidad de retirarse de esos programas y desarrollar proyectos individuales sobre los establecimientos.
Otro de los planteos estuvo relacionado con el funcionamiento administrativo del mercado. La entidad consideró necesario evitar la multiplicación de registros nacionales, provinciales o sectoriales que puedan generar mayores costos y superposición de competencias. En su lugar, propuso un único registro nacional destinado a dar publicidad, garantizar la trazabilidad y prevenir el doble conteo, sin afectar la titularidad de los créditos ni sumar cargas burocráticas.
CRA también reclamó que el acceso al mercado regulado se base en procedimientos objetivos, previsibles y no discriminatorios. En particular, pidió que la ley establezca con claridad las autorizaciones para transferencias internacionales y los mecanismos de contabilidad climática, incluyendo requisitos, plazos, criterios de evaluación, causales de rechazo y mecanismos de revisión.
El planteo de la SRA
La Sociedad Rural Argentina viene trabajando desde hace dos años junto con la Mesa de Carbono Argentino para promover una legislación específica. La entidad señaló que el mercado puede convertirse en una fuente de divisas, inversiones y empleo, especialmente en regiones del NEA, NOA y la Patagonia, donde existen superficies con potencial para proyectos de conservación y captura de carbono.
La vicepresidenta segunda de la SRA, Eloísa Frederking, señaló que el trabajo realizado junto con legisladores y representantes del Poder Ejecutivo apunta a alcanzar un proyecto que contemple los derechos de los productores y permita generar ingresos para el país.
Según la entidad, el mercado de créditos de carbono podría representar para la Argentina una oportunidad económica de aproximadamente US$ 4.800 millones anuales. La SRA planteó que esos recursos deberían llegar a los propietarios y productores que generan y sostienen los proyectos, en lugar de quedar concentrados en intermediarios o bajo esquemas de administración estatal.
La discusión también alcanzó a la Ley de Bosques. Durante una exposición en el Congreso, el director de la SRA, Andrés Costamagna, sostuvo que además de una Ley de Carbono deberían introducirse modificaciones al régimen vigente para generar condiciones que permitan desarrollar proyectos productivos y de conservación, así como nuevas oportunidades de empleo en las economías regionales.
La posición de la entidad también fue expresada por su presidente, Nicolás Pino, quien durante la 138° Exposición Rural sostuvo que en la Argentina existen bienes públicos y bienes privados, y reclamó el respeto de la propiedad privada para las inversiones vinculadas con el mercado de carbono.
Costamagna remarcó además que los proyectos deberían permanecer en manos privadas y consideró que una mayor intervención estatal podría dificultar el funcionamiento del mercado.
