Las comisiones de la Cámara alta continuaron el análisis de las iniciativas para regular el mercado voluntario.
La conservación ambiental en los campos productivos dejó de ser solo una práctica sustentable para convertirse en una oportunidad económica concreta. A través de los créditos de carbono, empresas de todo el mundo pagan a propietarios rurales que preservan bosques o pasturas que capturan dióxido de carbono. En Argentina, el despegue de este mercado abrió una disputa central en el Congreso: definir si esos recursos pertenecen al titular de la tierra o si las provincias pueden intervenir como administradoras del negocio.
En una extensa reunión informativa, las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación continuaron este miércoles con el análisis de los proyectos de ley destinados a regular el mercado de créditos de carbono en la Argentina. El plenario, encabezado por la senadora Nadia Márquez (LLA), contó con la exposición de cámaras empresarias, entidades del campo y especialistas ambientales, y resolvió pasar a un cuarto intermedio para seguir reuniendo aportes antes de avanzar en un dictamen definitivo.
La discusión parlamentaria gira en torno a tres propuestas: la de la senadora salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), enfocada en un marco regulatorio para el mercado voluntario; la de los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que fija presupuestos mínimos ambientales e integración al mercado de capitales; y una tercera iniciativa presentada por Jorge Capitanich (PJ) para crear Activos Financieros Ambientales (AFA).
El reclamo del agro y el respaldo al proyecto de Royón
Durante la ronda de exposiciones, los representantes del sector privado coincidieron en la necesidad de contar con una normativa ágil que no ahuyente el capital privado con excesos burocráticos ni superposiciones de control.
En ese marco, Juan Pedro Cano, coordinador general de la Mesa Argentina de Carbono, advirtió que el país tiene un gran potencial, pero se encuentra rezagado frente a la región. “Necesitamos brindar previsibilidad a las inversiones y facilitar el acceso a los mercados internacionales, el proyecto de la senadora Flavia Royón es el más coherente para alcanzar ese objetivo”.
En la misma línea, Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), destacó: “Celebro que estemos hablando de esto y esperamos que la Argentina tenga una ley para entrar al mercado de carbono. La Argentina ya tiene demasiadas leyes de protección ambiental, lo que necesitamos es generar previsibilidad para promover inversiones y desarrollar este mercado”.
Por su parte, Víctor Castro, coordinador de Sustentabilidad de CIARA-CEC, remarcó que la agroindustria requiere “reglas claras y definiciones precisas para inversiones de largo plazo, evitando dualidades o superposiciones regulatorias”. A su turno, Alejandra Scafati, vicepresidenta de la Bolsa Argentina de Carbono, defendió el respeto al dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales y descartó la necesidad de crear un mercado regulado adicional.
Cuarto intermedio y búsqueda de consensos
Tras escuchar a más de una docena de técnicos, referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y organizaciones no gubernamentales, las autoridades de las tres comisiones decidieron abrir un compás de espera.
El objetivo de los senadores es compatibilizar los textos de Royón y Rojas Decut en una redacción unificada que preserve las facultades provinciales sin trabar la autonomía de los contratos privados, paso previo a la firma del despacho que habilitará el debate en el recinto.
La postura de la SRA: “El crédito es del dueño de la tierra”
Previo al plenario en el Senado, en diálogo con Claves del Campo (Radio Salta – AM 840), Andrés Costamagna -director de la SRA y titular de la Comisión de Sustentabilidad- fijó la postura de la entidad frente a los proyectos en tratamiento y exigió que el marco regulatorio no vulnere los derechos económicos de los productores.
Para Costamagna, la discusión central radica en que determinadas iniciativas provinciales pretenden utilizar el dominio originario de los recursos naturales (artículo 124 de la Constitución Nacional) para intermediar en los ingresos de los créditos de carbono.
“El dominio originario y la propiedad privada son conceptos diferentes. Una vez que yo inicio la venta de un crédito, cobrame los impuestos que correspondan, pero el crédito es mío. El árbol es mío, la vaca es mía, el terreno es mío y, por lo tanto, el carbono que se genera a partir de esos recursos también me corresponde”, sentenció.
En ese sentido, el dirigente advirtió que la burocratización y las exigencias de permisos estatales ahuyentan a los inversores privados y ponen en riesgo un potencial de hasta US$ 1.000 millones anuales para Salta. “Los servicios ecosistémicos que genera esa propiedad tienen que ser reconocidos y pagados al titular registral. Si el Estado exagera su participación, los inversores se retiran”, concluyó.
