Europa redistribuyó responsabilidades, habilitó declaraciones simplificadas y extendió los plazos, en un contexto de presión de países proveedores como la Argentina.
La Unión Europea (UE) decidió revisar el cronograma de aplicación de su reglamento antideforestación y otorgar un plazo adicional para su puesta en marcha, luego de reconocer dificultades operativas y el reclamo de distintos países exportadores. La medida, aprobada por amplia mayoría en el Parlamento Europeo, impacta directamente en cadenas agroindustriales clave para la Argentina, como la soja y la carne vacuna.
El nuevo esquema establece que las grandes empresas deberán comenzar a cumplir con las obligaciones del sistema a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que las micro y pequeñas firmas tendrán tiempo hasta junio de 2027. Según explicaron los legisladores, la prórroga busca garantizar una transición ordenada y permitir mejoras en la plataforma de declaraciones electrónicas, considerada esencial para la trazabilidad de los productos que ingresen al mercado comunitario.
Uno de los cambios más destacados es la redistribución de responsabilidades dentro de la cadena comercial. A partir de ahora, la obligación de presentar la declaración de diligencia recae exclusivamente en la empresa que introduce por primera vez un producto en el mercado europeo. Los comercios y actores que posteriormente participen de la comercialización quedarán exceptuados de realizar ese trámite.
El Parlamento también aprobó simplificaciones para operadores de menor tamaño. Las micro y pequeñas empresas deberán presentar una declaración única y simplificada, lo que representa una reducción significativa de los requisitos administrativos. No obstante, el reglamento mantiene la exigencia de acreditar que los productos provienen de áreas que no hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020, un punto que continúa siendo objeto de debate.
Para la Argentina, la ampliación del plazo no modifica el principal factor de preocupación: el país continúa clasificado como de riesgo estándar, categoría que demanda controles más estrictos y mayores volúmenes de información para acreditar el origen de la producción. Entidades del agro advierten que este nivel de exigencia puede sumar costos y complejidad adicional a las exportaciones hacia la UE.
Tanto empresas exportadoras como organismos oficiales remarcan que el país ya cuenta con sistemas de trazabilidad desarrollados, como Visec, pero sostienen que la falta de definiciones claras genera incertidumbre en las inversiones y en la planificación de la próxima campaña. El sector insiste en la necesidad de avanzar hacia una reclasificación que refleje los esfuerzos realizados en materia de sustentabilidad.
En paralelo, el Parlamento Europeo iniciará una nueva ronda de negociaciones con los Estados miembro para alcanzar un texto definitivo antes de fin de 2025. Solo una vez aprobada y publicada la norma comenzará a regir el año extra de prórroga. Bruselas señaló que continuará evaluando el funcionamiento del sistema informático y que hará una revisión de simplificación antes de abril de 2026.
Hasta entonces, el vínculo comercial entre la UE y sus principales proveedores agrícolas seguirá atravesado por la discusión sobre estándares ambientales, trazabilidad y competitividad. Aunque los plazos se extendieron, la regulación avanza y mantiene en alerta a los países que dependen del mercado europeo para colocar parte de su producción.
