La industria sostuvo que un marco normativo previsible permitiría atraer inversiones, desarrollar nuevas variedades y mejorar la competitividad del agro argentino.
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) informó que amplió la superficie que propone exceptuar del pago por uso propio de semillas, en un nuevo intento por acercar posiciones con las entidades rurales. La organización reclamó avanzar con la actualización de la legislación y sostuvo que un marco normativo previsible permitiría impulsar inversiones en genética y mejorar la productividad agropecuaria.
A través de un comunicado, la entidad señaló que revisó su planteo inicial para contemplar distintas realidades productivas y facilitar el acceso de los productores a semillas con genética de calidad. Sin embargo, no detalló cuántas hectáreas quedarían comprendidas en la nueva propuesta.
El alcance de esas excepciones es uno de los principales puntos de discusión entre la industria y las organizaciones de productores. Mientras los semilleros buscan un esquema que reconozca la propiedad intelectual y sostenga las inversiones en investigación y desarrollo, las entidades rurales defienden el derecho al uso propio y reclaman que las excepciones alcancen a una mayor cantidad de productores.
Las negociaciones toman como referencia los deciles del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para definir qué productores quedarían exceptuados del pago por uso propio. No obstante, persisten diferencias sobre el alcance de esas exenciones y sobre la duración de los derechos vinculados a las variedades protegidas.
ASA sostuvo que la actualización de la normativa podría favorecer el desarrollo de nuevas variedades, ampliar las alternativas disponibles y mejorar la adaptación de los cultivos a diferentes ambientes. También planteó que un esquema con reglas claras podría atraer nuevos desarrolladores tecnológicos e incrementar la competencia.
Como referencia, la asociación mencionó a Brasil por sus avances en la incorporación de tecnología y en la ampliación de la oferta genética. Según su postura, la Argentina cuenta con capacidades técnicas y conocimiento para crecer en ese campo, pero necesita condiciones que den previsibilidad a las inversiones.
La entidad afirmó que las conversaciones permitieron identificar puntos de coincidencia y construir una base para continuar negociando. El desafío, señaló, es avanzar hacia una legislación que compatibilice el reconocimiento de la propiedad intelectual con las necesidades de los productores y resuelva cuestiones aún abiertas, como el alcance de las excepciones y la duración de los derechos sobre las variedades protegidas.
