Fundación Benet advirtió que el valor operativo estimado por INTA es solo un punto de partida y que la viabilidad del negocio depende también de la escala, la inversión, la logística y la rentabilidad esperada.
Un trabajo del INTA estimó en US$ 3,34 por hectárea el costo operativo de las aplicaciones fitosanitarias con drones en papa, en el sudeste bonaerense. El dato surge de más de mil vuelos relevados durante tres campañas, sobre la base de un dron multirrotor de 40 a 50 litros, una inversión de referencia de US$ 25.000 y una utilización anual de 6.000 hectáreas.
Para la Fundación Benet, el valor constituye un punto de partida valioso porque se apoya en información obtenida en condiciones reales de producción. Sin embargo, advierte que ese número no alcanza para definir si el negocio es viable ni para establecer una tarifa comercial sostenible.
El contador Matías Méndez, de la Fundación Benet, planteó que la pregunta central no es solamente cuánto cuesta operar el dron por hectárea, sino qué otros componentes deben sumarse a ese valor para llegar al costo económico integral del servicio.
Más allá del vuelo
Según el análisis, la inversión no termina en los US$ 25.000 del equipo. Dependiendo de la estructura de cada prestador, pueden sumarse vehículo, tráiler, equipos de preparación, elementos de protección personal y otros activos necesarios para realizar el trabajo.
Además, aun cuando esos bienes ya hayan sido comprados, siguen teniendo un costo asociado a su uso. En ese cálculo entran el combustible, el mantenimiento, los seguros y la depreciación.
La Fundación Benet también remarca que no todas las horas de trabajo se traducen en hectáreas facturadas. Los traslados, las esperas por condiciones climáticas, la organización del personal, las cargas sociales y los costos de estructura reducen la superficie efectivamente rentable.
Por eso, la escala anual de trabajo es una de las variables más sensibles. Las 6.000 hectáreas utilizadas en el estudio del INTA son un supuesto determinante del resultado. Si el prestador trabaja menos superficie, el costo por hectárea aumenta.
“Dos prestadores con el mismo dron pueden tener costos por hectárea muy diferentes”, señala el análisis, que recomienda evaluar distintos escenarios de uso anual, por ejemplo con 2.000, 3.000, 4.500, 6.000 u 8.000 hectáreas.
El costo del capital
Otro punto clave es el capital inmovilizado. El dinero destinado al dron, las baterías, el generador, el vehículo y otros equipos queda comprometido en la actividad y tiene un costo de oportunidad.
Ese costo no debe confundirse con la depreciación. Mientras la depreciación refleja el consumo y la pérdida de valor de los activos, el costo de oportunidad reconoce que ese mismo dinero podría estar generando un rendimiento en otra alternativa.
A ese cálculo se suma una pregunta decisiva: qué rentabilidad espera obtener quien invierte ese capital y asume el riesgo del negocio. Para la Fundación Benet, recuperar todos los costos no significa necesariamente que la inversión sea rentable.
Por eso, el valor de US$ 3,34 por hectárea debe ser interpretado como un costo operativo, no como un costo económico integral y mucho menos como una tarifa comercial.
El recorrido correcto, según el planteo, debería ser: costo operativo, costo económico integral y tarifa comercial. En cada paso deben incorporarse logística, estructura, capital, riesgo y rentabilidad pretendida.
De la información técnica a la decisión económica
La Fundación Benet señala que esta dificultad para transformar datos técnicos en decisiones económicas fue uno de los motivos que impulsó el desarrollo del curso “Evaluación Económica de Drones Agrícolas de AgroFormar”.
La propuesta busca que productores, contratistas y profesionales puedan determinar su propia inversión, proyectar ingresos, calcular el punto de equilibrio, estimar rentabilidad y evaluar distintos escenarios de escala.
“La pregunta no es si el dron es caro o barato, sino si es económicamente conveniente para mi empresa, con mi estructura, mi inversión y las hectáreas que realmente puedo trabajar”, plantea Méndez.
En ese sentido, el trabajo del INTA aporta una base operativa relevante, construida a partir de datos reales de producción. La evaluación económica agrega otra capa de análisis, vinculada con la inversión total, la logística, la estructura, la escala, el capital, el riesgo y la rentabilidad.
Desde la Fundación Benet remarcan que este razonamiento no se limita a los drones agrícolas. El mismo ejercicio debería realizarse antes de invertir en una pulverizadora autopropulsada, un avión, una cosechadora o cualquier otro activo productivo.
Porque, en evaluación económica, un número puede ser técnicamente preciso y, al mismo tiempo, insuficiente para tomar una decisión de inversión.
