La iniciativa incorpora nuevas figuras al Código Penal y contempla penas de hasta ocho años de prisión por daños a bienes productivos, que pueden llegar a 10 años en casos agravados.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la iniciativa que incorpora al Código Penal sanciones específicas por el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños contra bienes vinculados con la producción agropecuaria. El texto obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, y ahora deberá ser tratado por el Senado.
Impulsado por el diputado del PRO, Martín Ardohain, el texto establece penas de entre dos y ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño para quienes destruyan o dañen bienes que afecten directamente el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural.
La protección incluye cultivos sin cosechar, granos almacenados en silobolsas, ganado, plantaciones y forrajes. También alcanza a instalaciones utilizadas en la actividad agropecuaria, como paneles solares, bombas de agua, sistemas de riego, alambrados, silos y corrales.
El proyecto incorpora, además, una figura penal para el ingreso a establecimientos rurales contra la voluntad de quien tenga derecho a impedirlo, con penas de un mes a un año de prisión. La sanción podrá elevarse a dos años si la intrusión obstaculiza de manera sustancial la producción o genera un peligro concreto para las personas, los animales o los cultivos.
El texto contempla excepciones cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando no sea posible distinguir claramente el límite entre el establecimiento y la vía pública.
Las penas por daños a la producción podrán agravarse hasta alcanzar los 10 años de prisión si el hecho es cometido por tres o más personas de manera coordinada, provoca la pérdida total de la producción o impide la continuidad del ciclo productivo. También se prevé duplicar la pena mínima cuando el autor o instigador sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria.
Durante el debate, los impulsores defendieron la iniciativa como una herramienta para proteger a productores y trabajadores rurales frente a los daños que afectan la producción y la infraestructura. Desde la izquierda, en cambio, hubo cuestionamientos por considerar que el proyecto prioriza la protección de los grandes propietarios y del agronegocio.
Con la media sanción de Diputados, la iniciativa continuará su recorrido legislativo en el Senado.
