La entidad advirtió sobre el alcance de las visitas sindicales a establecimientos rurales y recordó los límites que establece la legislación vigente.
En medio de la controversia generada por el acuerdo entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y Visec para incorporar certificaciones laborales al sistema de trazabilidad, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió este miércoles a los productores agropecuarios sobre las condiciones de adhesión. La entidad pidió revisar los términos del esquema ante la posibilidad de que contemple el ingreso de representantes sindicales a los establecimientos rurales para verificar el cumplimiento de la legislación laboral.
CRA señaló que los productores deben conocer si la adhesión implica autorizar visitas sindicales sin intervención de los organismos públicos competentes. Según recordó la entidad, el artículo 43 de la Ley 23.551 y el artículo 26 del Decreto Reglamentario 467/88 establecen que los delegados sindicales deben actuar acompañados por inspectores de la autoridad de aplicación y exclusivamente en carácter de veedores.
En ese sentido, sostuvo que la adhesión voluntaria a una plataforma privada de certificación no genera la obligación legal de habilitar inspecciones sindicales autónomas.
La entidad reafirmó su compromiso con el trabajo registrado y el cumplimiento de la legislación laboral, y planteó que todo mecanismo privado de certificación debe respetar las competencias, los procedimientos y las garantías establecidos por las leyes argentinas.
La controversia por las certificaciones laborales
La discusión se reavivó la semana pasada, cuando Uatre y la asociación civil Crisol presentaron una herramienta destinada a validar el cumplimiento de la normativa laboral y de derechos humanos de los productores de soja y carne bovina que exportan a la Unión Europea. La iniciativa fue planteada como un complemento de los mecanismos de trazabilidad ambiental que contempla Visec.
Sin embargo, el esquema generó cuestionamientos dentro del sector agropecuario debido a que prevé la emisión de una “Constancia de Legalidad” y la participación de revisores encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales en los establecimientos adheridos al sistema. Ese aspecto es el que motivó los pedidos de aclaración de distintas entidades rurales en los últimos días.
