Alfredo Paseyro, director ejecutivo de ASA, analizó los consensos para modernizar la Ley de Semillas, garantizar el uso propio y reconocer la inversión en tecnología.
En diálogo con Claves del Campo (Radio Salta), el Director Ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, analizó los consensos entre los productores y la industria para modernizar la Ley de Semillas, garantizar el uso propio y reconocer la inversión en tecnología.
Habíamos perdido la esperanza de ver que se trate la Ley de Semillas, que avance en el país, algo que es realmente clave y crucial para la agricultura argentina. ¿Por qué considera que ahora puede avanzar una nueva Ley de Semillas?
Está en tema, sobre la mesa y alrededor de eso estamos conversando con las entidades de la producción y con todas las empresas que trabajamos en el desarrollo, la innovación y la nueva genética para la Argentina.
El país tiene que aprovechar el contexto que estamos viviendo: la inserción internacional, la estabilización macroeconómica y todo lo que también se ha ordenado en el sector. Creemos que en el mejoramiento genético tenemos esa misma oportunidad. Estamos en un diálogo que hacía tiempo no se daba, con una mesa de producción e innovación, y confiamos en que vamos a llegar a buen puerto.
La reunión de ASA con la Mesa de Enlace mostró un acercamiento. ¿Qué consensos encontraron?
La primera definición es que las entidades de la producción reconocen que la innovación es clave y, en ese sentido, plantean que hay que reconocer el uso propio. Ahí tenemos que hacer una división, porque muchas veces se asume que el uso propio, que es una práctica vigente y que va a seguir garantizada por el marco normativo y por la práctica habitual, es el problema.
Lo que estamos buscando es que exista un reconocimiento económico a la contraparte, que es la que realiza la investigación durante años.
¿El uso propio va a seguir garantizado?
Sí. El uso propio está previsto: el productor, en determinados cultivos, puede reservar y utilizar parte del grano producido. Eso está contemplado y el uso propio como práctica está garantizado y va a seguir estando. Lo que tenemos que encontrar es un acuerdo para que esa reserva y utilización tenga un reconocimiento económico para quienes invierten durante tantos años en el desarrollo de nuevas tecnologías.
El segundo punto es que, dado este reconocimiento de las entidades de la producción de que hay que hacerlo oneroso, es decir, que hay que pagar por esa tecnología, tenemos que definir cómo se establece la figura del productor exceptuado. Hay productores que, por determinadas condiciones -distancia, tamaño, cultivo u otras circunstancias-, podrían acceder a ese beneficio que también está previsto en el marco normativo. Esto, obviamente, tiene que ir al Congreso.
Para encontrar ese perfil estamos trabajando con una herramienta muy importante: el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Allí el productor realiza dos declaraciones, correspondientes a las campañas de fina y gruesa, en las que informa cuál es su capacidad productiva, dónde sembró, qué cultivos implantó y, dentro de cada cultivo, qué materiales genéticos utilizó. Los datos luego se ordenan por deciles, del 1 al 10.
Diría que esos son los dos grandes títulos de esa mesa: por un lado, el reconocimiento económico por el uso de la tecnología y, por otro, la definición de aquellos productores que podrían quedar exceptuados. Estamos trabajando sobre eso como un ejercicio. Son análisis que hay que llevar adelante, volver con planillas, propuestas y números para encontrar nuevamente un equilibrio dentro de la cadena.
O sea que la negociación sería quiénes y en qué volúmenes quedarían exceptuados de este pago…
El gran desafío es ese. Creo que daría mucha previsibilidad a todas las partes. Por un lado, para aquel productor que hoy, por las prácticas existentes y por lo que tenemos que corregir, asume que todo está contemplado en el reconocimiento. Por otro, para quien tiene que invertir, es importante saber en qué plazo podrá recuperar lo que demandó ocho o diez años de trabajo tecnológico y de desarrollo.
¿Por qué sostiene que el esquema actual ya no funciona?
Habíamos comenzado con posiciones históricas y nos dimos cuenta de que hoy el statu quo no está funcionando. No le resulta al productor, porque necesita tener más innovación.
Muchas veces, esta conversación se redujo a la soja y el trigo. Cuando miramos otros cultivos, como las legumbres, nos damos cuenta de que hay mucho por hacer. El sector porotero necesita materiales competitivos que deben desarrollarse junto con el productor, conociendo cuáles son los mercados y trabajando desde la demanda: color, tamaño, calidad industrial y otras características. A partir de ahí hay que avanzar en el mejoramiento genético.
¿Una Ley de Semillas moderna puede encarecer el costo para los productores?
No hay una correlación directa entre una cosa y otra. No significa que si hoy vale uno, va a valer dos. Lo que tenemos que encontrar es el reconocimiento de aquello que hoy no está siendo reconocido.
Cuando se generan condiciones para la inversión, aparece la competencia. Después, el productor, que en definitiva es quien decide, va a convalidar los precios que le ofrezca cada empresa. Si una empresa considera que puede quedarse con una parte mayor de la que le corresponde, el mercado no necesariamente lo va a convalidar y el productor buscará otras alternativas.
El productor es muy inteligente y es un empresario. Por eso no estamos proyectando una suba de precios, sino un incremento de la inversión y una mayor disponibilidad de tecnología para el productor.
¿La ley abarcaría todos los cultivos?
Esta norma tiene que generar las condiciones para investigar y desarrollar en toda la matriz productiva. Hay cosas que Argentina podría tener y que no se desarrollaron porque no las hemos pensado. El sector hortícola es clave. También, por ejemplo, la floricultura. Colombia produce flores de corte para enviar todos los días a Europa. Hay un mercado y una demanda que Argentina también podría atender. El INTA tiene un instituto de floricultura, así que tenemos mucho para crecer en diversidad y en especialidades.
Nos concentramos en lo más eficiente, pero también están cultivos como el poroto y el maíz pisingallo. Todo eso tiene demanda en el mundo y tenemos que ser competitivos desde la economía, la tecnología y el conocimiento del productor.
¿Cómo evalúa la participación del Gobierno y la situación del INASE?
Muy activos. Tanto la Secretaría como el Ministerio de Desregulación están trabajando, y esa también es una novedad en estas convocatorias. El INASE también está haciendo una reconversión.
El INASE es la autoridad de aplicación para todos los cultivos. Y cuando digo todos, incluye forestales, frutales y también las especies criollas y nativas. Ahora tiene una limitante: cuenta con 16 inspectores para todo el país. ¿Quién puede imaginar que con esa estructura se puede ser eficiente?
También estamos trabajando desde el sector privado para ver cómo fortalecer esa tarea, sin delegar la competencia de policía, pero sí asistiendo en lo que hace al trabajo territorial. Hay que entender que todo lo que Argentina tiene que recuperar no va a suceder en 24 meses.
¿En qué plazo podría alcanzarse un proyecto para presentar en el Congreso?
Estamos trabajando con mucha responsabilidad. Lo que no queremos es hacerlo bajo presión, porque en esa presión alguien puede quedar incómodo y después todo esto tiene que alcanzar un acuerdo. Luego tenemos que ir con ese compromiso a hablar con los legisladores. Sabemos lo difícil que es reunir la cantidad de votos necesaria para que las leyes se aprueben.
Además, estamos hablando de una cuestión 100 % federal, que va a tener impacto en las 36 cadenas productivas argentinas. El desafío es grande. Estamos entusiasmados. Creo que esta vez vamos a ser todos responsables para tener lo que Argentina necesita. No hablo de la industria, sino de Argentina en su conjunto.
¿Argentina puede jugar en primera en mejoramiento genético y producción vegetal?
Tenemos todo el conocimiento y tenemos historia. Hay empresas, por ejemplo en el caso del trigo, que han superado los 100 años. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres también superó los 100 años.
No hay muchos países que tengan tanta historia y conocimiento en esta materia. Lo que necesitamos son las condiciones para expresar ese potencial.
Por: Belisario Saravia Olmos, El Tribuno Campo, editor.
Fuente: El Tribuno Campo
