La entidad respaldó la constitucionalidad de la norma y pidió evitar su suspensión por el impacto en el sector productivo.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) se presentó ante la Justicia para respaldar la validez de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802) y solicitar que no se suspenda su aplicación, en el marco de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional.
La entidad pidió intervenir como tercero en el expediente, adhiriendo a la defensa oficial sobre la constitucionalidad y vigencia de la norma. Según argumentó, una eventual suspensión podría tener impacto directo sobre el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de distintas actividades económicas, en especial en el sector agropecuario.
En su presentación, la SRA advirtió que frenar la ley afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desarrollo de las relaciones laborales. También respaldó la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal para tratar el caso, al considerar que se trata de una discusión sobre la validez de una ley sancionada por el Congreso.
Además, cuestionó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la norma, al señalar que implica una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una legislación vigente.
En relación con el contenido de la ley, la entidad sostuvo que apunta a promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores.
Finalmente, la Sociedad Rural reafirmó su postura en defensa de la producción, el empleo formal y la seguridad jurídica como ejes centrales para el desarrollo de la actividad económica.
