Un espacio interno de la Sociedad Rural Argentina salió a responder el comunicado oficial sobre las fallas en el sistema informático y apuntó contra la conducción actual.
La interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA) sumó un nuevo capítulo tras la difusión del comunicado que atribuía responsabilidades por las fallas en el sistema de registros genealógicos. Desde el espacio Renovación con Unidad rechazaron ese planteo y acusaron a la conducción actual de “faltar a la verdad” y de intentar “encubrir responsabilidades propias”.
En un documento difundido en las últimas horas, el sector sostuvo que la comunicación oficial constituye “un intento deliberado de desplazar el eje del problema hacia terceros” y remarcó que, en una estructura presidencialista como la de la entidad, “las decisiones estratégicas y la ejecución final recaen en quien la conduce”. En ese sentido, responsabilizó directamente al presidente Nicolás Pino por el resultado del proyecto.
El texto también pone el foco en el proceso de contratación del sistema. Según señalaron, el acuerdo con la empresa desarrolladora se firmó en junio de 2023 pese a las advertencias del auditor legal de la entidad. “¿Quién autorizó la firma de un contrato ignorando tales alertas?”, plantearon, al tiempo que cuestionaron la extensión del proyecto, inicialmente previsto para nueve meses y que se prolongó por más de dos años.
Otro de los puntos centrales del comunicado refiere al costo económico. Desde Renovación con Unidad afirmaron que el proceso implicó un gasto superior a US$ 3.000.000 para la entidad, y lo atribuyeron a “una conducción que falló en sus mecanismos de seguimiento y auditoría en tiempo real”.
En contraposición a lo señalado por la conducción actual, el espacio defendió el rol del vicepresidente Marcos Pereda. Aseguró que fue él quien oportunamente cuestionó el esquema de toma de decisiones y rechazó que se lo señale como responsable de la situación. También mencionaron al director de Registros Genealógicos, Raúl Etchebehere, en el marco de las críticas internas sobre el funcionamiento del sistema.
El documento incluye además un reclamo formal: la realización de una auditoría independiente con alcance integral sobre todo el proceso, desde la licitación hasta la eventual rescisión del contrato. En ese punto, solicitaron que se trate de una auditoría forense, con acceso a documentación completa y con difusión total de sus resultados entre los socios.
Por último, el espacio cuestionó el uso de los canales institucionales para difundir el comunicado original, al considerar que se trata de “versiones difamatorias” en el marco de una campaña electoral interna. “Rechazamos el uso personal y político de recursos que son de todos los socios”, concluyeron.
El cruce expone la tensión interna dentro de la entidad en torno a uno de los proyectos más relevantes de su proceso de modernización, y deja abierto un escenario de disputa que combina cuestionamientos de gestión, impacto económico y posicionamientos de cara a la vida institucional de la SRA.
