Desde el sector aseguran que el estancamiento productivo responde a la presión impositiva y no al régimen vigente.
La discusión sobre la reforma del régimen de semillas volvió a escalar en la agenda agropecuaria en los últimos días, en paralelo con los planteos oficiales sobre la necesidad de avanzar hacia esquemas como UPOV 91 y los cuestionamientos del sector productivo a la presión impositiva. En ese contexto, entidades del norte argentino redoblaron sus críticas y advirtieron sobre el impacto que podrían tener estos cambios en la estructura productiva.
Desde la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), sostienen que el eje del debate se está desplazando hacia un diagnóstico equivocado. Según plantean, la falta de crecimiento del agro argentino no responde a la normativa vigente en materia de semillas, sino a factores estructurales como los derechos de exportación (DEX) y las condiciones macroeconómicas.
En esa línea, la entidad cuestionó la insistencia en avanzar hacia estándares internacionales como UPOV 91, al considerar que implicarían mayores restricciones sobre el uso propio de semillas y un incremento en los costos productivos. “El uso propio no es un privilegio, es una herramienta clave dentro del sistema productivo”, señalaron.
Como contrapunto, mencionaron la evolución de países de la región. Según indicaron, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia lograron expandir su producción sin adoptar esquemas restrictivos en esta materia, y comparten como denominador común la ausencia de derechos de exportación sobre el agro.
Uno de los focos del planteo también apunta al funcionamiento del sistema de regulación de semillas en Argentina. Desde Apronor cuestionan decisiones recientes del Instituto Nacional de Semillas (Inase), particularmente la Resolución 200/2024, que según advierten, limita en la práctica el uso propio en distintas variedades.
A su vez, los productores plantean que el argumento de una mayor tecnología asociada a nuevos materiales no siempre se traduce en mejoras concretas a campo. Señalan, por ejemplo, que en el NOA continúan predominando variedades de soja con más de una década en el mercado, que mantienen buenos niveles de rendimiento frente a alternativas más recientes.
También advierten sobre distorsiones en los costos, especialmente en cultivos como garbanzo, donde la diferencia entre el valor del grano comercial y el de la semilla certificada puede ser significativa, lo que condiciona las decisiones productivas.
En paralelo, remarcan problemas técnicos no resueltos, como el impacto del achaparramiento en maíz en el norte del país, y cuestionan la falta de respuestas en materia de información y regulación para evitar la comercialización de híbridos susceptibles a la enfermedad.
En este escenario, desde Apronor alertan sobre el rumbo de las políticas sectoriales y advierten que la combinación de derechos de exportación con mayores restricciones sobre el uso de semillas podría afectar la competitividad del agro. “El desafío es generar condiciones para producir más, no encarecer el sistema”, sintetizaron.
