La baja del consumo interno, los altos costos productivos y las regulaciones locales vuelven a poner presión sobre la competitividad de la vitivinicultura salteña.
La vitivinicultura argentina no atraviesa su mejor momento. La caída del consumo interno y el retroceso de las exportaciones volvieron a colocar al sector en una situación compleja. Salta no escapa a esta realidad: a las dificultades de los mercados interno y externo se suman problemas estructurales como la elevada carga tributaria y los altos costos productivos.
El presidente de Bodegas de Salta (BDS), Alejandro Martorell, trazó un panorama de la producción provincial y señaló que, si bien la cosecha viene mostrando buenos resultados, el sector atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. “Es una cosecha complicada”, afirmó.
Uno de los indicadores más claros de la situación es la caída del consumo. Según explicó, muchas bodegas aún mantienen stock de la cosecha anterior, lo que dificulta la comercialización de la uva y presiona los precios a la baja. “Por eso es un momento sumamente difícil para el productor”, advirtió.
“Los precios de algunos insumos comenzaron a estabilizarse, pero el problema es que el valor de la uva fue el que más cayó. Los demás costos no bajaron en la misma proporción. Por eso hoy producir resulta económicamente muy complejo”, agregó.
Carga tributaria
“Nosotros producimos un vino de nicho: representamos apenas el 1,8 % del vino del país y son vinos muy distintos. Además, hay otro tema importante: el nivel de impuestos que paga nuestra industria es altísimo. Ahí es donde el Estado tendría que darnos una mano”, sostuvo el presidente de BDS.
Sobre la carga impositiva que afronta la cadena vitivinícola, Martorell indicó que se ubica entre el 62 % y el 63 %. “Es impagable, pero nos hemos ido acostumbrando a pagar este nivel de impuestos”, señaló, y detalló su composición: “Ingresos Brutos representa alrededor de un 20 % en toda la cadena, o incluso más. Después está el IVA con un 21 % y otros tributos como el impuesto al cheque. Todo eso, sumado, termina llevando la carga tributaria a ese 63 %”.
Además, explicó que en el actual contexto productivo se generan situaciones particularmente complejas. Por ejemplo, cuando un productor toma un crédito para financiar la campaña debe pagar Ingresos Brutos, y si accede a algún tipo de asistencia financiera también debe afrontar el impuesto de sellos.
Restricciones
El titular de BDS también señaló que a este escenario se suma un obstáculo vinculado a la comercialización. Para vender vino en la provincia de Salta es necesario tramitar un permiso específico.
“Cualquier negocio que quiera vender bebidas alcohólicas tiene que gestionar un permiso en la Policía. Es un trámite complejo y costoso, tanto para un pequeño almacén como para un gran comercio”, explicó.
“No hay razón para castigar de esa manera a los comercios. Nosotros creemos que al menos para los negocios que vendan exclusivamente vinos de Salta no debería exigirse ese permiso. Pero además hay una cuestión de fondo: ¿por qué pedir autorización para vender una bebida que está considerada alimento y que además es la bebida nacional?”, planteó.
Martorell también señaló que este requisito no existe en todas las provincias y que, en Salta, el pago debe realizarse directamente en la Policía. “La ley que lo creó establecía una asignación específica para esos fondos, pero eso no se cumple. Lo que se recauda termina en rentas generales. A eso se suma que el trámite puede demorar cerca de seis meses”, indicó.
Según explicó, existe diálogo con autoridades provinciales sobre este tema, aunque reconoció la dificultad de modificar una norma vigente desde 1962. “Como ocurre con casi todos los impuestos o tasas, el Estado no suele tener mucha predisposición a eliminarlos”, afirmó.
Debate regulatorio
En este contexto de caída del consumo, aumento de costos y presión impositiva, también se suma un debate que hoy involucra tanto al sector vitivinícola como a la sociedad salteña: la posibilidad de modificar la Ley de Tolerancia Cero y volver al límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conducir.
La discusión genera expectativas en el sector productivo por su impacto potencial en el consumo y el enoturismo, aunque también provoca fuertes debates en la sociedad.
A mediados de febrero, tres legisladores provinciales impulsaron el debate para restablecer ese límite. Según los autores de la iniciativa, la propuesta busca adecuar la normativa a estándares utilizados en otras provincias y países, y sostienen que el esquema actual impacta en sectores como el turismo, la gastronomía y la vitivinicultura.
“Me parece bien que el tema se haya puesto sobre la mesa. Pero quiero aclarar algo: no estoy a favor de los excesos. Aquel que conduzca con más de 0,5 gramos de alcohol en sangre me parece bien que reciba todo el rigor de la ley. No estoy pidiendo que se eliminen los controles”, aclaró.
“Lo que digo es que, después de 12 años de vigencia de la Ley de Tolerancia Cero, habría que analizar las estadísticas. Por ejemplo, un fin de semana se realizan alrededor de 19.000 controles y aparecen unos 190 conductores alcoholizados. Eso representa entre el 1 % y el 1,5 % de los controles”, explicó.
También señaló que no se conoce cuántos de esos casos corresponden a conductores con menos de 0,5 gramos de alcohol en sangre. “Vemos que la proporción de conductores con alcohol es relativamente baja. Los controles deben seguir, pero creo que habría que replantear el límite”, sostuvo.
Martorell agregó que también deberían analizarse otros aspectos vinculados a estas cifras. “En el fin de semana largo de Carnaval hubo unos 400 infraccionados. Si aplicamos una multa promedio de $ 300.000, estamos hablando de unos $ 120 millones de recaudación. Entonces surge la pregunta: ¿no será también una cuestión recaudatoria?”, planteó.
“Muchos médicos han opinado que un nivel de 0,5 no genera una afectación significativa. También habría que revisar cuántos accidentes ocurren con menos de ese nivel. Cada vez que veo informes sobre siniestros viales, generalmente aparecen valores mucho más altos”, agregó.
Movilidad y turismo
Dentro de este contexto, el presidente de BDS también mencionó las dificultades de movilidad que enfrentan trabajadores del sector, especialmente en Cafayate.
“Los enólogos terminan su jornada laboral y muchas veces no tienen cómo volver a sus casas por la falta de transporte disponible”, explicó.
Otro punto que mencionó fue el estado de la infraestructura vial. “Es curioso, pero las rutas nacionales están en peor estado que las provinciales. La Ruta 40, por ejemplo, está muy deteriorada. En algunos tramos prácticamente dejó de existir y en la zona de la Quebrada de las Flechas hay sectores donde se termina circulando por el río”, describió.
“En la zona de Los Colorados, donde está el Parque Nacional Los Cardones, han pasado la máquina y el camino está aceptablemente bien, pero no alcanza. Van a tener que hacer obras más importantes. Estamos hablando de la caída del turismo y de todos los problemas que eso genera”, señaló.
En ese sentido, consideró que una mejora de la infraestructura podría potenciar el desarrollo regional. “Imaginemos lo que sería el turismo en la región si la Ruta 40 estuviera pavimentada. Hoy muchos visitantes llegan al aeropuerto con intención de ir a lugares como Molinos, pero cuando conocen el estado del camino desisten. Incluso el precio del alquiler de vehículos cambia por las condiciones de las rutas”, concluyó.
