En Claves del Campo (AM 840 Radio Salta), el director ejecutivo de la AFAT, Leandro Brito Peret, advirtió sobre el impacto que esta medida puede tener en la renovación tecnológica, la industria nacional y el empleo en el país.
Tras el reciente anuncio del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado sobre la apertura de importaciones de maquinaria usada ha generado opiniones divididas entre las cámaras y asociaciones del sector. Es que, el Decreto 273 elimina la exigencia del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), facilitando el ingreso de equipos como cosechadoras y tractores al país.
Esta medida es vista como positiva por productores que no tienen acceso a maquinaria nueva, ya que les permite incorporar equipos más modernos a un costo menor. Sin embargo, también plantea desafíos, en lugar de renovar el parque de maquinaria, se corre el riesgo de continuar utilizando equipos antiguos que, aunque funcionales, pueden tener menor rendimiento y eficiencia, afectando la productividad en el largo plazo.
Leandro Brito Peret, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT), manifestó que la implementación indiscriminada de estas medidas afecta la necesaria renovación tecnológica del campo. “Esta apertura genera, desde nuestro punto de vista, numerosos problemas. No solo impacta a los fabricantes, sino también a toda la cadena de valor. Las empresas representadas por AFAT cuentan con 12 fábricas en el país, ubicadas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Estas fábricas emplean a alrededor de 16.700 familias que dependen directamente de esta industria. Además, el sector emplea a unas 140.000 personas en total, considerando toda la cadena de fabricación, proveedores y distribuidores. También, se ataca directamente la capacidad productiva del país y de las fábricas que operan aquí, lo cual no solo afecta a la industria, sino al desarrollo económico en general”, explicó.
Peret, señaló que las empresas asociadas son multinacionales que compiten en la mayoría de los mercados globales y respaldan la decisión del Estado de fomentar una competencia libre. Sin embargo, enfatizó la importancia de que esta competencia sea justa y en condiciones equilibradas. “Lo que está ocurriendo ahora es que cualquiera puede importar una máquina usada desde cualquier lugar, sin restricciones”, explicó y agregó que esto podría permitir la entrada de maquinaria subsidiada en sus países de origen o proveniente de regiones con costos fiscales, laborales, logísticos y de seguros mucho más bajos que los de Argentina, lo que genera una desventaja competitiva para las empresas locales.
Otras de las problemáticas de introducir máquinas usadas trascienden a la industria. Existe el riesgo de que oportunistas importen máquinas sin trazabilidad, sin servicio técnico ni repuestos, y sin configuración adecuada para el territorio argentino. Esto podría generar problemas graves para los productores, quienes, actuando de buena fe, podrían adquirir una máquina que no funcione correctamente o que nos cuente con respaldo en el futuro. “En muchos casos, quienes importan estas máquinas pueden abandonar el negocio al poco tiempo”, agregó el director de AFAT.
Otro aspecto crítico es el riesgo de introducir plagas o contaminantes del extranjero junto con estas máquinas importadas. Existen casos documentados de equipos agrícolas que han transportado plagas resistentes, imposibles de eliminar con una simple fumigación. En Argentina, donde los contratistas realizan cerca del 60% de la producción agrícola, el impacto podría ser devastador. “Imaginen un contratista que, con la mejor intención, compra una máquina contaminada y luego trabaja en una campaña que va desde Salta hasta La Pampa. El daño ambiental y productivo sería enorme”, advirtió
El impacto del costo fiscal en la producción nacional
Respecto al precio de la maquinaria local en comparación con la de Estados Unidos o países europeos, el director de AFAT explicó: “Solo por carga fiscal, a puerta de fábrica ya estamos un 32% por encima. Y eso sin contar el IVA final. A este sobrecosto se suman los altos costos laborales, financieros, las elevadas tasas locales y el impacto del impuesto PAÍS, entre otros factores. Compararnos con países como Francia, Alemania o Estados Unidos, que ofrecen condiciones crediticias mucho más favorables, resulta prácticamente imposible”.
Y agregó: “Además, hay una cadena de costos que no siempre se visibiliza: ingresos brutos, cargas fiscales, financieras y otros aspectos que, aunque suelen pasar desapercibidos, tienen un fuerte impacto. Un ejemplo es el saldo técnico del IVA. Para fabricar, compramos insumos con un 21% de IVA, pero al vender la maquinaria -al tratarse de un bien de capital- el productor paga solo un 10,5%. Esa diferencia debería ser reintegrada por el Estado, pero en la práctica eso nunca ocurre. Ese monto queda inmovilizado, sin posibilidad de ser utilizado por las empresas, mientras el Estado lo retiene. No se trata de un problema nuevo ni exclusivo de este Gobierno, sino de una deuda estructural que arrastramos desde hace años, también está el saldo acumulado de resoluciones que suspendieron la vigencia de retenciones. En resumen, además de los costos estructurales, tenemos estos costos paralelos que también debemos absorber”.
Sobre la aplicación de este tipo de medidas en otros países, Peret explicó que en economías como la de Estados Unidos, el volumen de trabajo y un sistema financiero más desarrollado -con herramientas como el leasing- permiten renovar la maquinaria cada 3 o 4 años. En cambio, en Argentina, debido a la antigüedad del parque de equipos y a las limitaciones del financiamiento, la renovación se da, en promedio, cada 10 años. En Brasil, según el tipo de producto, la rotación se sitúa entre los 4 y 6 años.
“Cada mercado tiene sus particularidades. En el caso argentino, entre el 60% y el 70% de las ventas de maquinaria se concretan mediante la toma de equipos usados. Estas unidades luego continúan en circulación, pasando a otros productores, contratistas o quienes necesitan mejorar su capacidad de trabajo”, detalló.
“Desde AFAT, buscamos reunirnos con el Gobierno, siempre apostando al diálogo. Creemos que la clave es sentarse a conversar y exponer los puntos de vista de todas las partes. Entendemos las necesidades de ambos extremos de la cadena y estamos convencidos de que, mediante el diálogo, podemos encontrar un equilibrio que nos permita alcanzar objetivos comunes. Como mencioné anteriormente, insistimos en que la competencia debe darse en condiciones niveladas. La implementación de medidas irrestrictas y repentinas, como esta apertura, desequilibra profundamente el mercado. Esto no solo impacta las inversiones realizadas o planificadas, sino que altera la lógica de negocio. Cambiar las reglas de un día para el otro obliga a empezar de cero, incluso cuando ya se había avanzado considerablemente”, expresó Peret.
En ese sentido, el director recalcó que ciertas medidas son fundamentales para productores que trabajan con maquinaria especializada, como forrajeras, cosechadoras de algodón o de caña, ya que se trata de equipos altamente tecnológicos fabricados en muy pocos países. “Es necesario poder importarlas, y en eso estamos plenamente de acuerdo”, afirmó.
“Ojalá tuviéramos la escala y la capacidad productiva para fabricarlas localmente, pero la realidad es que el mercado argentino aún no lo permite. Por eso, creemos en complementar nuestras capacidades, fortalecer lo que hacemos bien en el país y apoyarnos en la importación de aquello que no se produce aquí. Este enfoque nos permite acceder a la mejor tecnología disponible a nivel global, lo que a su vez mejora la productividad y eficiencia del campo”, concluyó.
