La SRA acudirá a la Justicia para frenar las retenciones ya que el Congreso no aprobó el presupuesto de 2022 que incluía la extensión de la potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) ya tiene decidido recurrir a la Justicia para intentar frenar las retenciones luego que el Congreso no aprobara el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una extensión de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación. El argumento es que caído eso las retenciones no tienen sustento legal. El 15 de diciembre último, por decreto el presidente Alberto Fernández fijó la continuidad de alícuotas desde el 1° de enero pasado. Para los expertos, eso no tendría validez porque, junto con la no aprobación del presupuesto 2022 también cayó la posibilidad de extensión de un artículo de la ley de emergencia de 2019 que pretendía el ministro de Economía, Martín Guzmán.
En rigor, en 2019 el Congreso habilitó al Gobierno a que las retenciones en la soja, por ejemplo, estén en un máximo del 33%. Esa alícuota tiene hoy ese grano. En tanto, para trigo y maíz, entre otros productos, se autorizó un 15%. En la actualidad esos cereales tributan un 12%.
Recientemente, la Rural consultó a su estudio de abogados Cassagne sobre la situación creada en torno de las retenciones. La respuesta fue que no había sustento legal para ellas.
En este sentido, fuentes de la entidad señalaron que la entidad ya tiene tomada la decisión de avanzar en la Justicia, aunque falta definir el camino. Esto es, con un amparo o con un pedido de declaración de nulidad para el decreto presidencial. También resta definir el momento de la acción. Ayer la Rural mantuvo reuniones por este tema.
Vale recordar que un reciente fallo del Tribunal Fiscal de la Nación volvió a abrir el debate por los derechos de exportación. Ese cuerpo, tras un planteo de Bunge Argentina, destacó que el tributo solo puede ser creado y modificado por el Congreso. Se pronunció así por un caso de 2008 cuando Aduana quiso cobrar los derechos vía una resolución ministerial.
Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2021 las cadenas agroindustriales aportaron en impuestos $2,8 billones de pesos, un 23,5% de los 11,9 billones que recaudó el Estado. Uno de cada 4 pesos salió del agro.
Recaudación
En el caso puntual de las retenciones, por este concepto el Estado en 2021 recibió 861.093 millones de pesos. Sobre esto, la BCR detalló: “Los derechos a la exportación fueron los de mayor impacto recaudatorio en la estructura impositiva de las cadenas agroindustriales en 2021, generando un saldo de $ 861.093 millones, un 31% del total que tributaron las cadenas en los eslabones y en los tributos puestos en consideración. El segundo en importancia en recaudación fue el aporte efectuado en concepto de IVA, que generó saldos por $ 745.416 millones y representó cerca del 27% del total tributado por las Cadenas. En tercer lugar, quedaría el Impuesto a las ganancias con un aporte a lo largo del año de $ 542.107 millones, representando el 19% del saldo total”.
Del total de las retenciones de las cadenas del agro, según la entidad rosarina $633.817 millones provinieron del complejo soja, el mayor aportante.
En el Congreso está abierta la disputa por los derechos de exportaciones. Entre otros legisladores, Ricardo Buryaile, diputado nacional y exministro de Agroindustria, presentó un proyecto de ley para que sea el Congreso quien, en cumplimiento del artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional -menciona que es ese cuerpo quien debe legislar en materia de derechos de importación y exportación-, fije los aranceles de importación y exportación previa propuesta de los mismos por parte del Poder Ejecutivo.
En tanto, Pablo Torello, diputado por Juntos por el Cambio, prevé con su proyecto una baja gradual que llevaría a 0% las retenciones en tres años al trigo y el maíz y en ocho años a la soja.
Por: Fernando Bertello
Fuente: La Nación
