Reducción de retenciones hasta su eliminación, una ley que impulse la inversión y el fin a las trabas para exportar.
Representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, conformado por más de 60 cámaras y entidades, aseguraron que entre los objetivos para el año 2022 se encuentran “reducción de retenciones (hasta su eliminación), una ley que impulse la inversión y el fin a las trabas para exportar”.
“En relación a la Ley de Desarrollo Agroindustrial, que aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación y se encuentra dentro de la agenda parlamentaria, la misma crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador que promueve inversiones en las 24 cadenas de valor del país presentes en todas las provincias. Si bien los integrantes del CAA expresaron que aguardaban una iniciativa más ambiciosa, se destacó que se alcanzó un proyecto que promueve medidas con efecto directo en las inversiones sobre todo para la producción primaria de la región núcleo (ganadería y agricultura), así como la industrialización de las economías regionales” consignó el portal web Infobae y añadió que “por el lado de los derechos de exportación, las famosas retenciones, el CAA solicitó al gobierno la conformación de una Mesa de trabajo para consensuar una reducción de los derechos de exportación de los complejos cerealero, oleaginoso, cárnico y acordar un cronograma para su posterior eliminación”.
“Otro de los aspectos que atravesó la realidad del sector en este 2021, fue la intervención del gobierno en la cadena de ganados y carnes, mediante las restricciones a la exportación de carne vacuna. En ese sentido, el CAA resaltó que la Mesa de las Carnes trabajó en forma coordinada con todos los eslabones de la cadena en pos de eliminar las medidas restrictivas, y se seguirá trabajando para evitar políticas que atenten contra el flujo de exportaciones” amplió el portal web y reconoció que “muchos pedidos (del CAA) no fueron atendidos por el gobierno, como por ejemplo lograr la actualización del mínimo no imponible para los trabajadores de las economías regionales y también la consolidación de mecanismos y herramientas que permitan el desarrollo de estrategias a largo plazo que favorezcan actividades como bioenergía, forestal, y hasta cuestiones vinculadas a la llamada Ley Yolanda, que es la Estrategia Federal de Educación Ambiental”.
