La iniciativa incorpora una nueva figura penal para el ingreso a predios rurales y contempla daños contra bienes e infraestructura productiva. En Salta, productores plantearon casos de inseguridad ante el Ministerio Público Fiscal.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre un proyecto que propone incorporar al Código Penal de la Nación una figura específica de vandalismo rural y modificar las penas para delitos vinculados con daños a bienes, producción e infraestructuras críticas y productivas.
Según informó la diputada Laura Rodríguez Machado, (LLA), titular de la comisión, el dictamen reunió 41 firmas sobre 66 diputados presentes. También se presentaron dos dictámenes de minoría, correspondientes a legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El proyecto fue impulsado por el diputado Martín Ardohain (PRO), titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería. El legislador sostuvo que el vandalismo rural es una problemática que afecta al interior del país y planteó la necesidad de incorporar al Código Penal situaciones que actualmente son consideradas contravenciones.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación del artículo 150 bis, que establece la figura de vandalismo rural. Según explicó Ardohain, el ingreso a un predio rural cercado, señalizado o con una tranquera pasaría a constituir un delito penal, con penas de entre un mes y un año de prisión.
El proyecto también incorpora el artículo 184 bis, referido a los daños cometidos dentro de esas propiedades, incluyendo aquellos que afecten bienes materiales y la actividad productiva.
Desde Unión por la Patria, el diputado Ramiro Gutiérrez cuestionó la iniciativa y sostuvo que podría generar una “duplicación normativa” respecto de delitos que ya están contemplados en el Código Penal. Además, advirtió que el proyecto podría reducir las penas aplicables a determinados delitos que afectan a la producción agropecuaria.
Por su parte, la diputada Myriam Bregman (FIT) también rechazó el proyecto y vinculó el debate con la discusión sobre la Ley de Tierras. En tanto, el diputado Francisco Morchio (LLA) defendió la iniciativa y señaló que los sectores rurales enfrentan situaciones de inseguridad vinculadas con el ingreso de personas a establecimientos, robos y agresiones.
Según Morchio, el proyecto cuenta con el respaldo de las entidades que integran la Mesa de Enlace: Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Coninagro. También mencionó el seguimiento de la ONG Barbechando.
La situación de los productores en Salta
Mientras el Congreso avanza con el debate sobre las herramientas penales para los delitos en zonas rurales, en Salta las entidades productivas plantearon ante el Ministerio Público Fiscal su preocupación por distintos hechos de inseguridad que afectan a productores de la provincia.
Representantes de Prograno y de la Sociedad Rural Salteña se reunieron con el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y el coordinador general de Fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Alejandro Rivero. Durante el encuentro se abordó especialmente la problemática vinculada con las denuncias por robo de granos en el departamento San Martín.
Las entidades también plantearon otros hechos registrados en distintas localidades, entre ellos robos de granos, insumos, herramientas, equipamiento y madera, además de casos de abigeato y robo de ganado.
Desde Prograno y la Sociedad Rural Salteña señalaron la necesidad de fortalecer la articulación entre los organismos que intervienen en las investigaciones y de contar con mecanismos que permitan agilizar las respuestas ante este tipo de delitos.
Durante la reunión, las autoridades del Ministerio Público Fiscal explicaron el funcionamiento de los mecanismos de investigación y acordaron avanzar en un esquema de trabajo conjunto entre las distintas instituciones.
Como parte de ese esquema, el procurador general propuso conformar una mesa de trabajo con el Ministerio de Seguridad y la Policía de Salta para coordinar acciones, fortalecer el vínculo con los fiscales y desarrollar herramientas que permitan abordar con mayor rapidez las situaciones que afectan a los productores.
Para las entidades salteñas, el objetivo es mejorar la seguridad en las zonas rurales, proteger a los productores y resguardar la actividad productiva de la provincia.
