La legislatura salteña aprobó un proyecto que establece controles fitosanitarios sobre el traslado y manejo de la fruta dentro de la provincia.
El Senado de Salta aprobó este jueves un proyecto de ley destinado a reforzar la protección fitosanitaria de la producción bananera provincial frente al posible ingreso de plagas y enfermedades provenientes del exterior. La iniciativa surgió luego de la derogación de normativas nacionales que flexibilizaron controles fitosanitarios en frontera y generaron preocupación entre los productores del norte argentino.
El senador provincial Esteban D’Andrea explicó que la medida apunta principalmente a prevenir el ingreso del Mal de Panamá, una enfermedad fúngica que puede provocar graves daños en las plantaciones de banana. “Esto surge como una necesidad ante la derogación de una resolución a nivel nacional. La banana es un producto del cual el 80% se importa, y en esa importación se necesitan controles estrictos para que no se propague el Mal de Panamá”, señaló.
El legislador aclaró que la normativa provincial no pretende intervenir en cuestiones comerciales ni avanzar sobre las competencias de organismos nacionales como la Aduana o el Senasa. El foco estará puesto en los controles sanitarios dentro del territorio salteño.
En ese sentido, la ley contempla facultades para inspeccionar los vehículos que transporten fruta, supervisar centros de almacenamiento y empaque y aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos, incluso con auxilio de la fuerza pública.
“Lo que se busca son barreras sanitarias; nada tiene que ver con el área comercial”, enfatizó y explicó que la provincia pretende ejercer las facultades que le corresponden en materia fitosanitaria para reducir el riesgo de propagación de enfermedades que podrían afectar a las plantaciones locales.
La iniciativa también está vinculada con el potencial de crecimiento de la producción bananera y la generación de empleo en el norte provincial. Actualmente, la producción argentina abastece alrededor del 20% del consumo interno, mientras que el 80% restante es cubierto mediante importaciones.
D’Andrea insistió que preservar las condiciones sanitarias es clave para ampliar la producción local y atraer nuevas inversiones. “Es sancionar leyes que fomenten y protejan a quien produce e invierte para que pueda seguir haciéndolo y generando mano de obra en nuestro país”.
