Se consideran sospechosas determinadas velocidades y maniobras, especialmente en embarcaciones dedicadas a la captura de calamar.
La Secretaría de Agricultura de la Nación puso en vigencia una nueva normativa orientada a reforzar el control sobre la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida fue oficializada a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y apunta a fortalecer la vigilancia y el régimen sancionatorio sobre buques de bandera extranjera que operen fuera de la legalidad.
El eje central de la norma es establecer criterios objetivos que permitan identificar conductas compatibles con actividad pesquera ilegal, transformando parámetros técnicos en estándares claros y verificables. A partir de ahora, se incorporan presunciones legales basadas en el comportamiento de las embarcaciones, lo que agiliza la detección de posibles infracciones.
Entre los indicadores definidos, se considerarán maniobras sospechosas aquellas en las que un buque extranjero navegue a una velocidad inferior a 6 nudos con cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca. En el caso de los buques poteros -especializados en la captura de calamar- la presunción de pesca ilegal se activará cuando registren desplazamientos de 2 nudos o menos sin justificación técnica.
El sistema de control se apoyará en herramientas tecnológicas de alta precisión. La Prefectura Naval Argentina, a través de su Sistema Guardacostas, utilizará registros satelitales y electrónicos para respaldar las actuaciones, lo que permite contar con evidencia objetiva sobre la operatoria de las embarcaciones.
Desde el área nacional señalaron que la normativa no sólo refuerza el esquema de sanciones, sino que también garantiza el debido proceso. Los capitanes podrán presentar descargos y documentación técnica -como reportes meteorológicos o partes de averías- para justificar los movimientos detectados, en un marco que busca equilibrar control y garantías legales.
La disposición se enmarca, además, en la aplicación del Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves al ecosistema marino, aun cuando no exista certeza científica absoluta al momento de la detección. Con esta herramienta, el Gobierno nacional busca fortalecer la protección de los recursos pesqueros y consolidar mecanismos de control más eficaces sobre la actividad en el Atlántico Sur.
