Tras el rechazo de los gobernadores patagónicos, el Gobierno suspendió por 90 días la medida. Se abrirá una mesa de diálogo con autoridades y productores para evaluar el impacto de la normativa.
El Gobierno nacional suspendió por 90 días la implementación de la medida que permitía el ingreso de carne con hueso y material genético a la Patagonia desde regiones con vacunación contra la fiebre aftosa. La decisión se tomó tras la fuerte oposición de los gobernadores de Chubut, Río Negro y Santa Cruz, quienes argumentaron que la normativa ponía en riesgo el estatus sanitario de la región, reconocida como libre de aftosa sin vacunación.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunció que en este período se abrirá una mesa de diálogo con autoridades provinciales y representantes del sector agropecuario. Según el organismo, la medida no representaba un riesgo sanitario, sino que respondía a criterios técnicos.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, calificó la decisión original del Gobierno como “inconsulta y arbitraria”, mientras que el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia, Carlos Banacloy, advirtió que ponía en peligro un trabajo de más de dos décadas para mantener la Patagonia libre de aftosa sin vacunación.
La resolución 180 del Senasa, firmada por su presidente, Pablo Cortese, fue publicada en el Boletín Oficial, generando preocupación en productores patagónicos y entidades ruralistas. Argumentan que la decisión podría afectar mercados internacionales clave como China, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que valoran el estatus sanitario de la región.
Representantes del sector ganadero expresaron su malestar por la falta de consulta previa, señalando que la medida podría beneficiar a frigoríficos y supermercados con capacidad de distribución en la Patagonia, en detrimento de los productores locales.
A pesar de la polémica, algunos expertos sostienen que la resolución del Senasa se basa en evaluaciones técnicas y que no existen riesgos sanitarios. Sin embargo, el sector ganadero de la región mantiene su preocupación por las posibles consecuencias comerciales y sanitarias.
Ante la suspensión temporal de la medida, los gobernadores patagónicos se comprometieron a seguir trabajando para defender el estatus sanitario de la región, mientras que productores y entidades agropecuarias continúan en estado de alerta.
