El campo solicitará la extensión permanente de la baja de retenciones, mientras el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá hoy con los dirigentes de la Mesa de Enlace, en un encuentro que se dará dos semanas después del anuncio de la reducción temporal de retenciones, en un contexto en el que el sector agropecuario aún no ha logrado recuperar sus niveles habituales de actividad. La petición del campo es que esta medida, que actualmente está prevista hasta mediados de año, se haga permanente. Por su parte, el Gobierno defenderá que su principal objetivo económico sigue siendo el equilibrio fiscal.
En los últimos días se llevaron a cabo reuniones preliminares entre el agro y el equipo económico, previo al encuentro de hoy a las 15 en el Palacio de Hacienda entre Caputo y los presidentes de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace: Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas.
Juan Pazo, titular de ARCA y colaborador cercano del ministro, se reunió la semana pasada con la Mesa de Enlace y, el martes, con el Consejo Agroindustrial Argentino. En ambas ocasiones, la baja temporal de derechos de exportación fue el tema central de las conversaciones, generando dudas en el sector sobre su implementación, la temporalidad de la medida y la posibilidad de una extensión posterior a junio.
El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, también mantuvo un encuentro con los directivos de Coninagro, organización que estará presente en la reunión de hoy. Durante este encuentro, se abordó la situación de las economías regionales y se evaluó el impacto de la reducción de retenciones, haciendo hincapié en la necesidad de continuar con nuevas medidas a favor del sector agropecuario.
A pesar de la baja temporal de retenciones, la venta de granos y la liquidación de exportaciones aún se mantienen por debajo de los niveles anteriores al anuncio, lo que refleja las dudas persistentes en el sector.
Un miembro de la Mesa de Enlace, que participó en las reuniones preliminares, indicó que uno de los puntos clave de la agenda es la modificación de la temporalidad de la baja de retenciones. “Para nosotros, el hecho de que sea temporal es una limitación, especialmente para cultivos como el maíz de segunda, que no quedaría incluido”, destacó. Además, varios productores expresaron su inquietud sobre el plazo hasta junio, preguntándose si sería posible una extensión de la medida.
El Gobierno defendió en los contactos previos la temporalidad de la reducción de alícuotas, argumentando que la medida tiene un costo fiscal de US$ 1.000 millones, superior al estimado inicialmente de US$ 800 millones. Las autoridades sostienen que la vigencia hasta mitad de año responde a razones de “responsabilidad fiscal” y la necesidad de mantener el superávit. De esta manera, la preocupación del Gobierno es cómo manejar un eventual aumento de las retenciones en un año electoral. “Políticamente, sería una medida catastrófica”, manifestó un miembro de la Mesa de Enlace.
Desde otras entidades del sector, se destacó la mejora en la dinámica del mercado tras el anuncio de la reducción de retenciones, aunque se espera que los beneficios lleguen directamente a los productores. También se abordaron temas como la infraestructura, la conectividad y los retrasos en los reintegros del IVA, además de la trazabilidad en ganadería.
Por otro lado, Juan Pazo también participó de una reunión con empresarios del sector en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino, donde se reafirmó la postura de mantener la baja de derechos de exportación. Los representantes del sector agroindustrial pidieron que esta medida se extendiera a otros productos derivados de la ganadería, la avicultura, la nutrición animal y la pesca. Según el CAA, la baja de retenciones podría generar una liquidación adicional de unos US$ 1.700 millones.
El presidente del CAA, José Martins, destacó que la reunión fue positiva, reconociendo el esfuerzo del Gobierno por lograr el superávit fiscal y normalizar la macroeconomía. Sin embargo, reiteró que el desafío es seguir trabajando en una reducción de los derechos de exportación que abarque a toda la agroindustria, con mecanismos de aplicación simples y sin generar dificultades para las empresas exportadoras.
