Inicio Agroindustria La Legislatura de Salta contra la Ley de Biocombustibles de Máximo Kirchner

La Legislatura de Salta contra la Ley de Biocombustibles de Máximo Kirchner

La Cámara de Diputados aprobó una declaración impulsada por el radical Héctor Chibán para que la nueva ley “sea superadora para todos los sectores involucrados: caña de azúcar, maíz y soja”.

Este martes, al igual que en la sesión de la semana última, la Cámara de Diputados de Salta aprobó una declaración vinculada con la política nacional. Como la semana pasada cuando se aprobó una declaración en contra del cierre de las exportaciones de carnes dispuesto por el gobierno nacional, el diputado Héctor Chibán puso a consideración de sus pares una declaración contraria al proyecto de Ley de Biocombustibles que en el Congreso impulsa Máximo Kirchner.

El proyecto del legislador de la UCR, aprobado por Diputados, declara “que vería con agrado” que las autoridades provinciales y los legisladores nacionales por la provincia gestionen “ante las autoridades nacionales las medidas tendientes para que, en el caso de la sanción de una nueva Ley de Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, la misma sea superadora en todos los términos del actual, para todos los sectores involucrados (caña de azúcar, maíz y soja), respetándose lo establecido en la Ley General del Ambiente en torno al Principio de Progresividad, que garantiza inversiones, seguridad jurídica y previsibilidad para el sector productivo provincial”.

“Que vería con agrado que el Congreso de la Nación, en el caso del tratamiento de un nuevo proyecto de Ley de Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, proceda a declarar al biocombustible como recurso estratégico para el desarrollo de las economías regionales” agrega el proyecto.

La declaración de la Legislatura de Salta es oportuna porque la Ley de Biocombustibles está vencida (y prorrogada por 0 días) y el Congreso discute contrareloj una nueva normativa, muy criticada por organizaciones productivas y ambientales y representantes de las economías regionales del norte del país porque disminuye los beneficios impositivos para la elaboración y distribución de combustibles alternativos a los fósiles.