El Parlamento Europeo aprobó remitir el acuerdo comercial UE–Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su compatibilidad con los tratados comunitarios.
El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur ingresó en una nueva etapa de incertidumbre tras una decisión del Parlamento Europeo, que votó a favor de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si es compatible con los tratados comunitarios.
La moción se aprobó por un margen mínimo: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, en una sesión marcada por presión política y protestas del sector agropecuario europeo.
Revisión judicial y demoras
De acuerdo con las fuentes europeas, el envío del acuerdo al máximo tribunal europeo implica un freno relevante al proceso de ratificación, ya que el dictamen jurídico podría demorar hasta dos años. En la práctica, esto podría postergar el cronograma político y abrir un período de revisión que complique su aprobación definitiva.
Reuters indicó que el planteo judicial se vinculó con objeciones legales y políticas impulsadas por eurodiputados críticos del acuerdo, que buscan condicionar su avance en el bloque.
Cuestionamientos en Europa
En Europa, la resistencia se concentró especialmente en países con fuerte peso del sector rural. El acuerdo es rechazado por una parte de los productores agrícolas y ganaderos, que advierten por el ingreso de importaciones agroalimentarias a precios competitivos y por estándares ambientales y sanitarios.
Financial Times señaló además que uno de los puntos de debate es la denominada “cláusula de reequilibrio”, que permitiría a países del Mercosur aplicar medidas compensatorias si políticas ambientales europeas afectan sus exportaciones.
Mercosur mantiene su respaldo
Pese al golpe político, desde el Mercosur se buscó transmitir continuidad. Una nota de Cancillería Argentina destacó la importancia estratégica del acuerdo y remarcó que abre oportunidades para ampliar exportaciones regionales al mercado europeo.
En paralelo, medios internacionales consignaron que gobiernos del Mercosur (Uruguay, Paraguay y Brasil) reiteraron su apoyo al entendimiento y señalaron que el envío al TJUE no implica la anulación del pacto firmado, sino un proceso de evaluación legal dentro del esquema institucional europeo.
Provisionalidad: una alternativa
En este escenario, una posibilidad que circula en Bruselas es la aplicación provisional del acuerdo -una herramienta utilizada por la Unión Europea en tratados comerciales- mientras se completa la ratificación formal. Según Reuters, fuentes diplomáticas europeas sostienen que podría activarse desde marzo de 2026, si se cumplen instancias internas dentro del Mercosur.
