La FAO pidió incorporar la inocuidad alimentaria al aplicar inhibidores ambientales, una tecnología que se expande para mitigar emisiones del agro.
Aumentar la producción de alimentos sin agravar el impacto ambiental del sector agropecuario es parte del debate global. En ese escenario, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó nuevas directrices orientadas a la evaluación de riesgos para la inocuidad alimentaria vinculados al uso de sustancias químicas diseñadas para reducir emisiones y mejorar la eficiencia de los fertilizantes.
La publicación Inhibidores ambientales en los sistemas agroalimentarios: consideraciones para la evaluación de riesgos de inocuidad alimentaria pone el foco en los inhibidores ambientales (Environmental inhibitors, EIs), compuestos que buscan contribuir a la sostenibilidad productiva, pero que -según advierte la FAO- requieren ser evaluados con rigor para evitar riesgos sanitarios, impactos sobre la salud animal y eventuales alteraciones del comercio de alimentos.
Desde la FAO señalan que el mundo se enfrenta al desafío de producir más alimentos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese marco, los EIs aparecen entre las herramientas a ser utilizadas, aunque el organismo enfatiza que su utilización debe abordarse con una “lente” de inocuidad alimentaria.
La publicación se complementa con un informe técnico y se presenta como un insumo para responsables de políticas públicas, entidades regulatorias, empresas y actores de la cadena agroalimentaria. El objetivo central es brindar criterios para identificar y gestionar riesgos potenciales asociados al uso de estas sustancias.
Los Eis
Son compuestos utilizados en agricultura para reducir emisiones de gases de efecto invernadero no vinculados al CO₂ o para minimizar pérdidas de nitrógeno del suelo. El documento plantea que pueden contribuir a disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario al reducir emisiones, especialmente de metano, y al mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes.
Sin embargo, advierte que la posible transferencia de residuos hacia la cadena alimentaria obliga a establecer mecanismos de evaluación, ya que se trata de sustancias que, según su aplicación, pueden entrar en contacto con animales o suelos, y eventualmente llegar a alimentos de origen animal o vegetal.
El texto remarca que los países cuentan con normativas para regular sustancias agregadas intencionalmente a la cadena alimentaria -aditivos, plaguicidas o medicamentos veterinarios-, pero que en el caso de los EIs no existe un estándar internacional unificado, generando disparidad en requisitos de aprobación y en procesos de evaluación entre jurisdicciones.
Dos grupos
El informe se centra en dos grandes categorías de EIs:
– Inhibidores de la metanogénesis, que se administran a vacas y otros rumiantes para reducir la emisión de metano (CH₄) a partir de procesos microbianos en el rumen.
– Inhibidores de nitrógeno, aplicados al suelo para reducir pérdidas de nitrógeno y emisiones de óxido nitroso (N₂O) asociadas a la producción agrícola.
La FAO subraya que, aunque ambos grupos se incorporen bajo el rótulo de EIs, existen diferencias importantes: mientras los inhibidores de la metanogénesis suelen administrarse como aditivos o ingredientes de alimentación animal, los inhibidores de nitrógeno se aplican sobre suelos, con una lógica más cercana a prácticas agrícolas y regulaciones comparables a las de plaguicidas.
Inocuidad y comercio
Uno de los puntos centrales de la publicación es que, junto con la expansión de estas tecnologías, aparecen nuevas demandas de los mercados internacionales y remarca que las implicancias del uso de EIs no se limitan a su eficacia ambiental: también pueden impactar en el acceso a mercados si hay falta de consensos regulatorios sobre seguridad alimentaria, límites máximos de residuos o criterios de evaluación.
Por esa razón, la FAO sostiene que cualquier estrategia para mitigar emisiones en el agro debe incorporar desde el inicio la dimensión de inocuidad alimentaria. De lo contrario, existe riesgo de generar incertidumbre regulatoria, conflictividad comercial o pérdida de confianza por parte del consumidor.
El documento plantea que los riesgos se explican, en gran medida, por la posibilidad de que existan residuos de inhibidores en alimentos. Por eso, el primer paso recomendado es establecer si esos residuos están presentes o no en alimentos de origen animal o vegetal. En caso de detectarse, se requiere un proceso de evaluación toxicológica y de exposición para garantizar la seguridad del consumidor.
Evaluación de riesgos
La FAO describe una secuencia de evaluación que comienza con la determinación de si una sustancia ya fue sometida a un proceso de aprobación previa en una jurisdicción determinada y si fue precedida por una evaluación de riesgo alimentario. Si el inhibidor no fue aprobado o si no hay evidencia suficiente sobre su seguridad, la recomendación es analizar la posibilidad de residuos en cultivos y productos de origen animal, considerando condiciones reales de uso.
En el caso de que se espere la presencia de residuos, se proponen evaluaciones de exposición humana siguiendo directrices del Codex Alimentarius para análisis de riesgos rápidos en situaciones donde se detectan contaminantes sin nivel regulatorio. En una etapa final, la evaluación puede derivar en recomendaciones de gestión del riesgo, incluyendo el desarrollo de límites máximos de residuos (MRLs), entre otras herramientas regulatorias.
También se destaca que los procesos regulatorios no son uniformes: en distintos países, los inhibidores pueden quedar encuadrados como aditivos de alimento animal, medicamentos veterinarios o sustancias aplicadas al suelo, y esa clasificación impacta en el tipo y cantidad de evidencia exigida para su aprobación.
Rol del Codex
La FAO señala que existen discusiones en el ámbito de la Comisión del Codex Alimentarius orientadas a promover un enfoque internacional armonizado sobre estos compuestos. En esa línea, el organismo destaca el rol de estructuras de asesoramiento científico global como el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) y la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR), que aportan criterios para el establecimiento de normas y estándares.
Cifras del desafío
La publicación cita estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), según las cuales las fuentes agrícolas representarían 58 % de las emisiones globales de metano (CH₄) y 52 % de las emisiones de óxido nitroso (N₂O). En ese contexto, la FAO proyecta que, sin mitigación, las emisiones totales de gases de efecto invernadero de los sistemas agroalimentarios crecerán en más del 30 % entre 2010 y 2050.
Esa tendencia explica por qué organismos internacionales y países buscan acelerar herramientas de mitigación ambiental en la producción agropecuaria. Sin embargo, el documento advierte que los beneficios ambientales deben sostenerse sobre marcos regulatorios sólidos y coherentes, que aporten previsibilidad científica y comercial.
