El empresario es titular de Cereales del Sur, una agropecuaria que protagonizó un escandaloso y millonario default en 2019.
El financista rosarino, Daniel Casanovas, imputado por estafas y administración fraudulenta en el marco de la caída de su grupo empresario en 2019 fue sacado a los golpes de un restaurante de la localidad salteña de La Lajitas por parte de uno de sus acreedores.
Según se puede ver en el video que se viralizó esta tarde, ambos eran comensales en distintas mesas cuando el empresario rosarino se acercó a un hombre que tras pedirle que se retire lo empieza a golpear acusándolo de ladrón y de reprocharle por el dinero que perdieron los productores por los granos que nunca les pagó.
“Ahora venís a robar acá. Andate”, le gritaba mientras le asestaba un par de golpes de puño y una patada. Casanovas no ofreció resistencia y busco como retirarse del restaurante mientras era insultado.
Cuando cagas a millones de productores y al menos uno se saca las ganas, uno de los dueños de Cereales del Sur fue recibido como merece! Se robaron los granos y animales de miles de productores y pasean como si nada por Lajitas. pic.twitter.com/oiXs8BOmJs
— Francisco Mauro (@franmauro) May 10, 2023
El grupo diversificado que lideraba Casanovas fue el segundo de la tanda de empresas agrofinancieras que cayó en 2019. Lo hizo hacia agosto de ese año dejando un tendal calculado en torno a los mil millones de pesos.
La crisis de Casanovas arrancó con el default de su agroganadera Cereales del Sur (CDS), de fuerte operaciones en el norte argentino, que dejó impagos granos que había recibido en condición a fijar. Tampoco no devolvió los fondos que tomó de terceros para su Fideicomiso Ganadero Norte dedicado al engorde de ganado.
Pero rápidamente su cesación de pagos se extendió a su agencia de Bolsa (CGV), con oficina en el centro de Rosario, y a su financiera extrabursátil (Rosario E-Trader), también con base en la ciudad. Además, tenía otra empresa financiera “Daniel Casanovas. y Asociados S.A” que tampoco abonó sus compromisos.
Sus operaciones fueron suspendidas por los Mercados y comenzaron negociaciones particulares con sus clientes en busca de acuerdos privados de pago. Sin acuerdos, todo terminó en la Justicia
La cerealera CDS fue a convocatoria de acreedores por un rojo de 450 millones de pesos a valores de 2019, sólo en lo que hace al negocio de granos. Y es que también hay muchos transportistas a los que nunca les pagó servicios prestados por fletes desde Salta a los puertos de Rosario.
Por el lado de CVG, tenía emitido 150 millones en cheques garantizados con warrants de granos y allí la fórmula que encontró fue el armado de un fideicomiso (con uno de sus campos de garantía) y a los que adherían les iba pagando (con fuertes quitas) en cuotas lo cheques no cubiertos.
Pero el lado más complejo vino por sus negocios extrabursátiles, en las que tomaba dinero de clientes para trabajarlos a cambio de una renta. Allí se combinaron tanto operaciones en blanco como transacciones blue. En ese segmento su deuda total se calculó en torno a los 300 millones de pesos a valor de 2019.
Allí tejió acuerdos privados de pago para devolución en cuotas. Pero ya antes de la pandemia entró en un segundo default ya que dejó de abonar esos compromisos, encendiendo más la bronca de sus ahorristas. Sobre todo, porque los abogados dejaron hasta de contestar las llamadas de los inversores.
Fue así como empezó a acumular, además de reclamos civiles, denuncias penales por parte tanto de sus clientes financieros como de clientes agropecuarios, quienes aseguran que su caída no fue por la crisis financiera del país que estalló en 2018 y negocios agropecuarios que no salieron como se esperaba (que fueron siempre sus argumentos) sino que, en realidad, fue una gran estafa de Casanovas.
A mediados de 2021 el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Miguel Moreno, lo imputó por estafa, administración fraudulenta y violaciones a la reglamentación del warrant. El fiscal lleva adelante la investigación que tiene como querellantes a unos diez clientes del grupo con un perjuicio a los clientes es de 4 millones de dólares.
Las estafas denunciadas
Si bien Casanovas siempre culpó a la crisis financiera de 2018 y a negocios que no salieron bien, se acumularon las denuncias penales de sus clientes que, por el contrario, sostienen que se trató de una gran estafa. Y algunos hasta fueron a la Justicia.
Fue así que al imputarlo, el Fiscal Moreno les atribuyó a Bravo en razón de su carácter de Directora de “Rosario E. Trade S.A”, y a Casanovas, en razón de su carácter de Presidente de “Cereales del Sur S.A”, haber conjuntamente con otras tres personas defraudado a dos personas induciéndolos mediante engaño, aparentando negociación y créditos, a adherirse al Fideicomiso Ganadero Norte mediante la entrega cien mil dólares (USD 100.000) para el engorde de ganado por un periodo de tiempo determinado (100 días), luego del cual devolvería el total del dinero más un interés del 6% en dólares, garantizando las obligaciones emergente del contrato las empresas Cereales del Sur S.A y Rosario E. Trade S.A -resultando éstas sociedades incapaces de obligarse mediante contrato de fianza, puesto que dicha actividad no se encuentra incluida en sus objetos sociales-, y entregando también en garantía los cheques de pago diferido del Banco Macro con vencimiento en fecha 26/08/19, por la suma de pesos dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos ($2.464.500).
Pero, vencido el plazo, no devolvieron a las víctimas el capital ni la ganancia convenida y los cheques librados carecían de fondos suficientes para ser cobrados, siendo que el dinero entregado por las víctimas no fue aplicado al objeto establecido en el contrato, es decir al engorde de ganado, y dispusieron de los fondos procurando un lucro indebido para sí o para terceros.
También le atribuyeron a Casanovas haber tornado imposible ante el incumplimiento del pago del crédito original a Banco Macro S.A., la ejecución de la mercadería depositada en Silos de Cereales del Sur, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Warrants, impidiendo a Macro Warrants S.A ejercer las facultades que le fueran contractualmente acordadas, mediante el contrato de comodato oportunamente suscripto, cercenando toda posibilidad de que dicha sociedad ejerza el derecho a inspección y control de la mercadería objeto del warrant para su posterior ejecución en Pública Subasta Administrativa.
Además se le atribuye a su esposa, como vicepresidenta de Cereales del Sur y de Compañía Argentina de Warrants, conjuntamente con Daniel y otras dos personas, haber defraudado a una víctima, simulando un bienestar patrimonial y financiero de su empresa para lograr que la víctima le entregara la suma de USD 74.052 (setenta y cuatro mil dólares) a modo de préstamo y como inversión “segura” para la víctima, omitiendo que Cereales del Sur estaba en una situación económico financiera crítica que se consolidó en cesación de pagos a los dos meses de la operatoria, presentado la convocatoria de acreedores, por lo cual desde un primer momento conocía que era imposible la devolución del dinero y cumplir con lo pactado, generando un lucro indebido para sí y para terceros.
Además, se le atribuye a Casanovas haber enajenado y/o retirado como propio el cereal depositado objeto de los Warrants entregado en garantía a la víctima, impidiéndole de esta forma accionar para el cobro del crédito, es decir rematar la mercadería conforme según lo normado en la Ley de Warrant, consolidando de esa manera el provecho de la estafa.
Se le atribuye además a Daniel, en su carácter de presidente de “Daniel Casanovas. y Asociados S.A” designado según Estatuto Social, haber tomado parte en la comisión de una serie de maniobras ilícitas, realizadas en violación a los deberes que le correspondían, como administradores de la sociedad y como responsables de la administración de fondos de terceros en custodia que había recibido como AlyC.
A través de dichas maniobras, consistentes en operaciones de transferencias bancarias y de compraventa de dólares y de títulos valores, en pesos y en dólares, se utilizaron los fondos en poder de la ALyC, confiados para su administración por los clientes Cuenta-Comitentes, para procurar para sí y/o para terceros un lucro indebido.
Esta serie de operaciones no se correspondieron con acciones de inversión ordenadas por los Cuenta-Comitentes, a partir de un consentimiento informado, tampoco con operaciones ajustadas a lo establecido por la ley 26.831 y la Resolución No 731/18. En cambio, se trataron de operaciones de aplicación de dichos fondos, ejecutadas a espaldas de los Cuenta-Comitentes, abusando de sus facultades conferidas, sustrayendo la totalidad de activos que se encontraban en dichas cuentas. Así, se le imputa que en los meses de abril; mayo; junio; julio y agosto del 2019 se materializó un perjuicio ilegal contra cuenta comitentes, por fondos en pesos y en dólares, tanto en dinero como en títulos y bonos.
Fuente: rosario3.com
