En China su madera cotiza a 650 dólares. A originarios que la talan les pagan con comida. Los trasfondos de la causa que tiene a 4 exfuncionarios y 10 empresarios procesados.
En 2003, Zhang Hongliu y Li Jinyi registraron en Buenos Aires a Winner Internacional, una SRL con la que se dedicaron por diez años a vender juguetes. En febrero de 2013, con la llegada de otro empresario chino, Zhang Yanchao, de solo 37 años, el objeto comercial de la firma viró hacia la exportación de maderas.
Con ese cambio de timón quedó establecida la conexión asiática del caso “Tala Maldita”, expediente federal que hoy tiene a 14 personas encausadas con un pie en el banquillo.
Son tres exfuncionarios de la Secretaría de Ambiente de Salta, otro de la cartera de Ambiente de la Nación y diez empresarios madereros a los que el juez federal Sebastián Casanello procesó por contrabando de palo santo y falsificación de instrumentos públicos.
El eje de las acusaciones pasa por guías forestales de la Provincia que, entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se usaron en una maniobra urdida para exportar a China, con apariencia legal, 1.282 toneladas de palo santo talado en forma clandestina en el chaco salteño.
El 22 de mayo de 2013, tres meses después de que Zhang Yanchao tomara las riendas de Winner, la Secretaría de Medio Ambiente de Salta aprobó a través de la resolución 328 un desmonte de 2.998 hectáreas en Las Colmenas, finca en la que empleados de la empresa bonaerense Tierra Vasca y del intendente Leopoldo Cuenca llegaron a dirimir la posesión territorial a tiros en el borde fronterizo del departamento Orán con Rivadavia Banda Sur. En el marco de la resolución 328, el organismo provincial que conducía entonces Gustavo Erico Paúl autorizó a Tierra Vasca a extraer 1.199 metros cúbicos de rollos, 7.500 postes y 100.000 rodrigones de palo santo de Las Colmenas. Tiempo después, tras revisar los estudios técnicos presentados por la firma, analizar imágenes satelitales e inspeccionar la citada finca de la jurisdicción de Pichanal (Orán), funcionarios de la Dirección de Bosques de la Nación concluyeron que la Secretaría de Ambiente de Salta acordó a Tierra Vasca un cupo de extracción injustificado. También sostuvieron que el organismo provincial desatendió los controles con que debía asegurar que los trabajos de desmonte y las extracciones de la especie forestal protegida se hicieran conforme al plan de aprovechamiento aprobado.
A partir de los informes y testimonios que ofrecieron profesionales de la Dirección de Bosques en la causa, el juez determinó que en Las Colmenas nunca se avanzó con el desmonte declarado en la tramitación del permiso.
En base a otras evidencias que recuperó la Policía Federal en Salta, Chaco, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires, con los 24 allanamientos simultáneos efectuados en junio de 2018, se comprobó que guías extendidas a Tierra Vasca fueron utilizadas irregularmente para tramitar ante el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación certificados de exportación de palo santo talado clandestinamente en el chaco salteño.
Entre la documentación que se secuestró a Winner y a otras dos empresas implicadas en el tráfico de la especia protegida, Tropical Bushes y Entrecomex Global, había contratos firmados con compañías de la República Popular de China. Estas, según los convenios, pagaban 650 dólares por cada tonelada de palo santo que llegaba desde Salta, Chaco o Formosa a las terminales portuarias de Rosario (Santa Fe). Por esos mismos rollizos, pobladores originarios reciben menos de lo que cuesta un litro de leche.
En base a los precios pactados en los contratos, Casanello impuso un embargo de $430 millones para cubrir la eventual multa que los imputados deberían afrontar en forma solidaria.
Cuadernos
Los operadores madereros que explotan a pobladores originarios de Rivadavia y San Martín en las talas clandestinas no les pagan con dinero, sino que por cada árbol que cortan les anotan créditos que después se canjean por comida.
Esta forma de trata feudal quedó expuesta en una media docena de cuadernos que policías federales recuperaron en junio de 2018. Las anotaciones no solo dejaron ver las bajezas humanas, sino que también mostraron que guías forestales extendidas para Las Colmenas, en Orán, tuvieron un uso espurio con palo santo extraído sin autorización en Balbuena, una finca localizada cerca del limítrofe de los departamentos Rivadavia y San Martín, a 86 kilómetros de Coronel Cornejo.
Por los datos apuntados en esos cuadernos, Casanello también pudo establecer cuánto se pagaba a la población indígena de Balbuena por la noble y preciada madera, según su largo y clasificación como “postes”, “descortesados”, “rollos”, “rodrigones”, “langeados”, “labrados” o “estacones”.
En el allanamiento que allí se realizó en junio de 2018, efectivos de la Policía Federal hallaron junto a los rollizos acopiados 14 martillos forestales con marcas de distintas fincas. De esa forma se corroboró que la cadena de tráfico concretaba el proceso de individualización de la madera en los mismos lugares donde se realizaban las talas ilegales.
Los procesados y su rol en la causa que dirige Casanello
Las defensas técnicas de los 14 procesados que tiene la causa dirigida por el juez federal Sebastián Casanello, por contrabando de palo santo talado en Salta, empezaron a interponer sus apelaciones ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los encausados es Gustavo Erico Paúl, ingeniero agrónomo que entre 2012 y 2015 se desempeñó como secretario de Ambiente de la Provincia. Según el juez, Paúl intervino en el dictado de la resolución 328, del 22 de mayo de 2013, con la que el Ministerio de Ambiente de la Provincia autorizó a la empresa Tierra Vasca a desmontar 2.998 hectáreas en finca Las Colmenas y a extraer, en el marco de esa habilitación de tierras para uso agroganadero, 1.199 metros cúbicos de rollos, 7.500 postes y 100.000 rodrigones de palo santo.
La empresa propietaria de Las Colmenas había intentado obtener los permisos en 2007, pero su solicitud quedó en suspenso tras la sanción de la ley de bosques y la medida cautelar con la que la Corte de Justicia de la Nación prohibió después las talas y desmontes en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.
En la gestión permisos de 2007, Paúl había intervenido como profesional contratado por Tierra Vasca. En su descargo, el exfuncionario había declarado que, ante la presentación con que insistió la empresa desde 2012, él se excusó de intervenir en el trámite.
Casanello también procesó a la ingeniera Natalia Inés Rangeón, exdirectora de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente, por su intervención como profesional en el informe técnico que presentó Tierra Vasca en 2007 para obtener los permisos y después, ya como funcionaria, en la suscripción de parte de las guías forestales de extracción.
En su descargo, Rangeón afirmó que no tuvo ninguna injerencia en la elaboración del estudio de impacto ambiental que presentó Tierra Vasca. También remarcó que la resolución 328 se dictó en mayo de 2013, un mes antes de que ella asumiera como directora, por lo que negó cualquier intervención al respecto y aseguró que ni siquiera conoce a los titulares de la firma Tierra Vasca.
Otro de los procesados es el abogado Cristian Hernán Gribaudo, quien en mayo de 2012 solicitó en carácter de apoderado legal de Tierra Vasca que se reanudara el trámite que llevaba suspendido cinco años. Casanello reseñó Gribaudo había presidido en diciembre de 2007, siendo entonces jefe del Programa Asistencia Legal y Técnica de la Secretaría de Medio Ambiente de Salta, la audiencia pública en la que se expuso el proyecto de desmonte presentado por Tierra Vasca.
Eduardo Alvarez, coordinador de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Nación, también enfrenta cargos por violación de deberes y contrabando agravado en grado de tentativa. Casanello lo acusó de avalar las solicitudes que presentaron las empresas Winner Internacional, Tropical Bushes y Entrecomex Global, para obtener permisos CITES de exportación de palo santo, sin adoptar recaudados ante el uso irregular de las guías forestales. Otro funcionario de ese organismo nacional advirtió con posterioridad las maniobras y su oportuna intervención originó la sonada causa que hoy está a un paso del juicio.
La lista de procesados se completa con Jorge Pocovi (socio gerente de Tierra Vasca); Hugo Rolando Girón (maderero de Tartagal); Pablo Gabriel Isa (empresario de la capital salteña); Claudio Domínguez y Elvio Ciganotto (administradores de Regional Wood y Tropical Bushes); Zhang Yanchao y Silvana Logiudice (de Winner); Santiago Piceda, Jorge Luciano Rafart Corveto y Melisa Piceda (de Entrecomex).
Por: Antonio Oieni
Fuente: El Tribuno
