Desde la FAA advirtieron sobre riesgos tras una nueva resolución por parte del Senasa.
La reciente actualización del esquema sanitario nacional reabrió el debate dentro del sector agropecuario. A través de la Resolución 201/2026, el Senasa modificó el régimen de participación de los veterinarios en las campañas contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, habilitando que los productores inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) puedan elegir libremente a un veterinario acreditado para la compra, conservación y aplicación de las vacunas.
La medida, que comenzará a regir desde el 1 de enero de 2027, apunta a fortalecer la participación del sector privado bajo supervisión estatal, incorporar mecanismos de autogestión y garantizar la trazabilidad a través de herramientas digitales del organismo, sin modificar los controles sanitarios vigentes. En caso de que el productor no designe un profesional, el establecimiento continuará bajo la órbita del ente sanitario local.
En este contexto, la Federación Agraria Argentina (FAA) expresó su preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre el sistema sanitario nacional, al considerar que se trata de un esquema que fue construido durante años con el esfuerzo conjunto del Estado, los productores y las entidades del sector.
A través de un comunicado, la entidad advirtió que la sanidad animal constituye “un enorme capital” que permitió sostener estándares reconocidos a nivel internacional, y cuestionó que la decisión haya sido tomada sin el consenso de los actores involucrados.
Desde la FAA señalaron que, si bien existe la necesidad de reducir costos en la producción, el camino no debería implicar modificaciones que puedan debilitar el funcionamiento del sistema. En ese sentido, remarcaron que desde hace tiempo vienen planteando la necesidad de controlar y ordenar aquellos entes donde los costos se encuentran desfasados.
Asimismo, sostuvieron que el control sobre el precio de la vacuna y su aplicación es una responsabilidad del Estado, pero advirtieron que ello no debería resolverse a costa de afectar un esquema sanitario que ha demostrado eficacia a lo largo del tiempo.
Uno de los principales puntos de preocupación planteados por la entidad está vinculado a la capacidad de control y respuesta ante eventuales emergencias sanitarias. Según indicaron, con la nueva modalidad podría verse limitada la capacidad de los entes sanitarios para actuar con rapidez, especialmente en la generación de “anillos” de contención ante brotes.
En este sentido, subrayaron que uno de los pilares del sistema ha sido el control efectivo de la aplicación de las vacunas, logrado a partir de la articulación público-privada entre el Estado y los entes sanitarios.
Finalmente, desde la entidad rural remarcaron que el desafío actual es fortalecer el sistema sanitario argentino en un contexto internacional cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, condiciones clave para sostener y ampliar los mercados de la ganadería nacional.
