La tala ilegal no cesa en las 25.000 hectáreas que la Justicia le confiscó a Castedo. Las fincas son administradas por la Sociedad Administradora de Campos de la UBA.
Desde hace más de un año, pobladores de la zona de Madrejones y El Sauzal denuncian que el bosque de transición está siendo depredado en el borde fronterizo de Salvador Mazza con Bolivia. Sin embargo, no paran de ver camiones que salen con rollizos de cedro, cebil y otras especies nativas desde El Aybal y El Pajeal.
Son las fincas que la Justicia Federal le confiscó a Delfín Castedo, en el marco de una causa por narcotráfico, y que Federico Villena, juez de Lomas de Zamora, confió desde 2019 a la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Ante el incesante desfile de camiones, los lugareños se preguntan cómo respaldan los transportistas en los controles camineros las cargas que trasladan hacia distintos aserraderos. No solo ellos están convencidos de que las talas ilegales son acompañadas con un uso irregular de guías forestales. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, que ya sancionó a la administración avalada por la UBA por desvirtuar los planes de aprovechamiento autorizados en el área de Quebracho Ladeado, solicitó el auxilio de las fuerzas federales para frenar a los taladores clandestinos que operan con transportistas y madereros norteños en la frontera.
Días atrás, el organismo provincial amplió los sumarios abiertos contra la administración de El Aybal y El Pajeal, luego de que el Sistema de Alerta Temprana de Nación detectara actividades de cambio de uso de suelo en una de las matrículas que ocupan, en total, cerca de 25.000 hectáreas.
Allí, según denuncias que se remontan hasta octubre de 2019, ya se talaron ilegalmente entre 150.000 y 200.000 ejemplares de especies forestales nativas. En una reciente presentación realizada ante el secretario de Ambiente de la Provincia, Alejandro Aldazábal, también se hizo notar que las fincas de las que se desapoderó a Castedo tenían hace dos años 1.600 cabezas de ganado, de las que hoy apenas quedarían unas 400. La sociedad anónima unipersonal que constituyó la UBA en 2016 y que fue designada por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora como depositaria judicial de los bienes intervenidos también fue denunciada por alquilar al Municipio de Salvador Maza maquinaria pesada con la que se abrió un camino en la línea fronteriza de El Sauzal.
En este contexto, se hace escuchar cada vez más fuerte el reclamo de un cambio de administración. La demanda no es nueva: en 2019, ni bien se conoció que gente de Buenos Aires manejaría las fincas fronterizas por decisión del juez federal de Lomas de Zamora, más de una vos se levantó para pedir que la Universidad Nacional de Salta (UNSa) fuera incluida, de algún modo, en la discusión.
Hoy, con daños ambientales y patrimoniales estimados en más de 10 millones de dólares, y ante la posibilidad cierta de que el Estado pueda afrontar una millonaria demanda en un futuro cercano, urge parar la depredación y sanear el desbande administrativo. Por cierto, la Justicia Federal, que impuso la cuestionada administración, es la que debe poner blanco sobre negro.
La situación es más seria de lo que algunos pueden llegar a suponer. Por un lado, los daños ambientales focalizados principalmente en El Aybal prosiguen a pesar de una prohibición de innovar que dictada a favor de Delfín Castedo a fines de 2019 y con vigencia por cinco años.
Por otro lado, el pasado 12 de febrero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Planta declaró prescrita la acción penal que pesaba contra Castedo, en la causa de “Carbón Blanco”, y que dio pie al desapoderamiento de las fincas El Aybal y El Pajeal. “En cuanto al levantamiento de medidas cautelares de embargo e intervención judicial trabadas sobre sus bienes, se resolverá lo que corresponda en el respectivo incidente”, remarca uno de los puntos resolutivos que firmaron los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Nelson Javier Jarazo y Esteban Rodríguez Eggers. Ese fallo, más allá de los cursos procesales pendientes, dejó abierta una puerta a posibles reclamos indemnizatorios.
Sumarios
En marzo de 2019, la Secretaría de Ambiente de la Provincia autorizó un aprovechamiento forestal de 49 hectáreas en el área de la finca El Aybal conocida como Quebracho Ladeado. En octubre de ese mismo año, se aprobó en el mismo sector de la finca otro aprovechamiento de 251 hectáreas.
Ante una denuncia de lugareños, inspectores del organismo detectaron talas fuera del área de los aprovechamientos forestales aprobados. Tras esa inspección ocultar, el informe también resaltó la existencia de campamentos madereros y diversos puntos de acopio de madera. A través de la disposición 196, la Dirección de Fiscalización y Control del organismo sancionó con una multa y compensación a la sociedad administradora de la UBA, al encontrarla “responsable de la ejecución de actividades de aprovechamiento forestal fuera del área autorizada”.
Ya entonces se advirtieron también irregularidades en la extensión de guías forestales.
Por: Antonio Oieni
Fuente: El Tribuno
