La Federación de Acopiadores advirtió que se estarían exigiendo datos comerciales sensibles de productores y acopios como condición para comprar soja.
Una situación calificada como “grave e inédita” en el mercado argentino de granos, fue denunciada por la Federación de Acopiadores de Granos, que advirtió sobre una presunta exigencia “ilegal y abusiva” por parte de un grupo de empresas exportadoras multinacionales en la compra de soja. La advertencia fue formalizada mediante una carta abierta y ampliada por su presidente, Fernando Rivara, en una entrevista realizada en el programa Claves del Campo (Radio Salta).
Según informó la entidad, las empresas involucradas estarían comenzando a exigir a acopios y cooperativas que informen datos comerciales sensibles de todos sus productores clientes como requisito ineludible para adquirir soja. Entre la información solicitada figurarían la cantidad de hectáreas de cada productor, el nombre del establecimiento, la localidad y provincia donde se ubica el campo, y el número del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). En el caso de los productores que venden de manera directa, también se les requeriría información que la Federación considera confidencial y ajena a las operaciones específicas de compraventa.
Alcance y empresas
Rivara explicó que la situación se conoció a partir de comunicaciones informales transmitidas por corredores y aclaró que la denuncia no alcanza a todo el sector exportador. “No son todas las exportadoras. Es un pequeño grupo de multinacionales. No están Molinos Agro, Aceitera General Deheza ni la Asociación de Cooperativas Argentinas. Sabemos que están Bunge, Dreyfus, Cargill y CHS, y tenemos dudas respecto de Cofco, porque todo esto se maneja de manera telefónica, sin nada firmado”, señaló.
El dirigente remarcó que la falta de comunicaciones formales agrava el escenario. Según indicó, la advertencia sería que, de no entregarse la información requerida, no se descargarían camiones de soja a partir de la próxima cosecha, prevista para los meses de abril y mayo. “Todo se maneja en potencial porque nadie se anima a ponerlo por escrito”, afirmó.
Desde la Federación subrayaron que, en la historia del comercio de granos en la Argentina, existieron discusiones y presentaciones ante organismos públicos por diversos aspectos vinculados a la actividad exportadora, pero aseguraron que nunca se había planteado una exigencia de este tipo. En ese sentido, consideraron que se vulnera el principio elemental de preservación y protección de los datos comerciales de los clientes.
Mecánica de comercialización
Rivara explicó además el rol que cumplen los acopiadores y las cooperativas dentro de la cadena comercial. Detalló que el productor puede vender directamente al exportador o entregar su producción a un acopio o cooperativa, donde el grano es acondicionado, almacenado y luego comercializado, generalmente a través de un corredor. “Nuestra función es buscar el mejor destino de acuerdo con el pedido del productor, evaluando precio, flete y condiciones”, explicó.
En ese contexto, la Federación sostuvo que la exigencia exportadora resulta técnicamente inviable. Según explicó Rivara, las operaciones se consolidan en cargas por toneladas y no permiten identificar kilo por kilo el origen exacto de cada envío. A esto se suma que el peso final descargado en los puertos nunca coincide exactamente con el informado en origen, lo que torna imposible cumplir con el esquema planteado.
La entidad también cuestionó el argumento ambiental utilizado para justificar el pedido de información. Rivara explicó que las exportadoras aluden a un supuesto “road map climático” y a compromisos ambientales, pero recordó que ya existen mecanismos confiables para certificar trazabilidad, como el sistema VISEC, que permite compatibilizar exigencias ambientales y confidencialidad comercial mediante datos encriptados y de adhesión voluntaria.
Desde la Federación consideraron contradictorio que empresas que participan activamente de ese sistema impulsen ahora un esquema paralelo que, según advirtieron, vulnera tanto la confidencialidad de la información como las reglas de competencia leal.
Marco legal y reacción
En la carta abierta, la entidad calificó la maniobra como inviable, ofensiva, innecesaria e ilegal. Señaló que sería ofensiva por vulnerar el secreto comercial; innecesaria porque ya existen herramientas para cumplir con los compromisos ambientales; e ilegal porque violaría la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y disposiciones del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.
La Federación advirtió además que esta conducta podría encuadrar en varios incisos del artículo 10 del Decreto 274/2019, lo que habilitaría a los afectados a iniciar acciones judiciales para hacer cesar la práctica y reclamar daños y perjuicios. También recordó que incluso los sistemas oficiales de registración, como SIO-Granos, preservan la confidencialidad de los datos comerciales.
Rivara sostuvo que el trasfondo del conflicto está vinculado al rol que cumplen los acopiadores y las cooperativas en el mercado. “Casi el 60 % de los granos pasa por nuestras manos. Eso incomoda a un grupo que aspira a concentrar la comercialización”, afirmó, y cuestionó la autoridad “legal, moral y comercial” de las empresas involucradas para exigir este tipo de información.
Finalmente, la Federación informó que puso en conocimiento de esta situación a organizaciones de productores y corredores de granos para coordinar un plan de acción conjunto que impida la implementación de estas exigencias. También anticipó que, ante la primera exigencia formal por escrito, avanzará con denuncias ante la Justicia y presentaciones ante la Secretaría de Agricultura para resguardar la transparencia del mercado granario.
