Gestionaban el Salario Social Complementario para personas en situación de vulnerabilidad y se quedaban con parte del beneficio.
En un juicio abreviado, el Juzgado Federal de Garantías 2 de Salta condenó a dirigentes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES) por el delito de defraudación a la administración pública. “Recibieron penas de 3, 2 y 1 año de prisión de ejecución condicional, como autor, partícipe necesario y secundario del hecho, respectivamente” indicaron fuentes tribunalicias sobre las condenas a Ernesto Ojeda, Carolina Rearte y Valeria Calizaya.
“La fiscalía comenzó a actuar a partir de la denuncia radicada por algunos afectados en la Comisaría 14 de Rosario de Lerma, a la que luego se sumaron otras realizadas ante Gendarmería Nacional. Allí revelaron que, desde julio de 2020, los denunciados se dedicaban a captar a personas en situación de vulnerabilidad con el objeto de tramitar beneficios sociales como el Salario Social Complementario” detallaron y explicitaron que “a cambio de esas gestiones, exigían un pago mensual de $1.000 de esos fondos estatales, mientras que en otros casos se quedaban con la totalidad de 2 salarios, en ese entonces de $8.500”.
En el juicio se estableció que los responsables se desempeñaban en ATRES: uno de ellos Ernesto Ojeda, era titular de esa asociación y de la Federación de Trabajadores Agrarios y también cumplía la función de asesor en el Senado de la Nación, donde trabajaba para la legisladora Nora Giménez; Carolina Rearte es pareja de Ojeda y Valeria Calizaya, referente del gremio.
