La Sociedad Rural y Prograno manifestaron su apoyo a la posición del gobernador Gustavo Sáenz, “por la férrea defensa de la producción salteña en sus conversaciones con funcionarios y legisladores nacionales”.
A través de un comunicado conjunto, la Sociedad Rural Salteña y la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) hicieron público ayer su apoyo a la posición del gobernador Gustavo Sáenz, “por la férrea defensa de la producción salteña en sus conversaciones con funcionarios y legisladores nacionales”.
“Hoy valoramos el acto de reclamar condiciones de equidad para producir. La ley Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los Argentinos tiene apartados que podrían lesionar actividades productivas de la provincia, con el consecuente impacto social. Entre estos, los derechos de exportación a economías regionales como el sésamo, chía, cártamo y tabaco que, de aplicarse, impedirían las únicas alternativas productivas en ciertas regiones del interior provincial”, puntualizaron las entidades rurales.
En el pronunciamiento conjunto, agregaron que, de la misma manera, “sostenemos la importancia de la defensa de industrias tan importantes para Salta como el azúcar, la producción de bioetanol y la industria hidrocarburíferas en el norte”. Sobre lo expuesto, reiteraron el compromiso de ambas instituciones del sector agropecuario de “seguir trabajando mancomunadamente, como lo venimos haciendo, para potenciar el desarrollo de Salta”.
Consultado sobre el retiro del capítulo fiscal de la ley ómnibus, el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Joaquín Elizalde, manifestó que “fue una buena decisión, aunque nos hubiera gustado que se llegue a un acuerdo y no que se quite directamente un capítulo entero de la ley”. El dirigente consideró que un aumento de retenciones como el que contemplaba el proyecto girado por el Ejecutivo nacional al Congreso implicaba un duro golpe, sobre todo a las economías regionales, “que son en general cultivos chicos con los que el aporte de las retenciones a las arcas nacionales no era importante”, pero que implicaba un fuerte impacto sobre “producciones que sí son significativas” por la contratación de servicios, generación de empleos y demanda de insumos. “En ese sentido, estamos de acuerdo en que se hayan retirado (las mayores cargas fiscales) principalmente a las economías regionales y por supuesto a lo que es trigo, maíz y soja”.
“Creemos que es un tema que se va a seguir discutiendo. No creo que quede en esto. El Estado necesita esa plata, pero hay que buscarla de otra manera”, planteó Elizalde. Al respecto, remarcó que “los más importante para Argentina hoy es medir el gasto, no gastar más de lo que ingresa. El gobierno nacional, todos los gobernadores, intendentes, legisladores y la clase política, en general, deberían atender el concepto de no gastar demás. Me parece que este va a ser un año difícil en el que todos tendremos que ajustarnos, pero si es para que el día de mañana todos estemos mejor, de nuestra parte vamos a hacer el esfuerzo y lo vamos a aceptar”, acotó Elizalde.
En la misma línea, el presidente de Prograno, Francisco Vidal, considero que el retiro del capítulo fiscal de la ley ómnibus marcó un camino correcto y adecuado. “Las retenciones no solo hacen que muchos productores puedan quedar en camino, sino que son absolutamente distorsivas”, subrayó. En este punto, Vidal hizo notar que las retenciones se aplican sobre el bruto, es decir sobre todo lo que se cosecha, pero el productor depende de la volatilidad de los mercados, los precios y el propio clima. “Con todas esas variables, que nadie maneja y son las reglas del sector agropecuario, te ponen un 15% de retenciones y esa carga puede hacer que quedes en pérdida o con un margen para trabajar a cero”, puntualizó.
El dirigente rural recalcó que una imposición mucho más lógica es la del “impuesto a las ganancias, que ya existe y en la que uno tributa sobre lo que realmente gana. Si el Estado está necesitando recaudar, creo que el camino es otro. Hay que analizar otras alternativas y no aumentar retenciones, que lo único que pueden generar es que queden productores en el camino”, insistió. Vidal recordó que entre los derechos de exportación que se habían mantenido hasta antes de que el gobierno nacional optara por retirar el capítulo fiscal estaban las cargas sobre el sésamo, la chía y otras especialidades de las economías regionales que se desarrollan “en campos marginales en los que el productor no tiene muchas alternativas de otros cultivos”.
Fuente: El Tribuno
