Pese a reclamar a nivel internacional políticas públicas para mitigar el cambio climático, el presidente Alberto Fernández incumple con la Ley de Bosques y se apropia de recursos de las provincias.
La contradictoria y errática política ambiental del gobierno nacional de Alberto Fernández fue analizada y criticada en un artículo publicado por la revista salteña Salvador.
“Pese a reclamar a nivel internacional políticas públicas para mitigar el cambio climático, el presidente Alberto Fernández incumple al igual que sus antecesores con la Ley de Bosques y se apropia de recursos de las provincias” advierte la nota y añade que otro “ejemplo de esa incoherencia es el explícito impulso a la actividad petrolera en detrimento de la producción y utilización de biocombustibles en el país”.
El artículo de Revista Salvador
Al igual que sus antecesores, el presidente Alberto Fernández aprovecha cualquier foro internacional para referirse a la imperiosa necesidad de cuidar el medioambiente y ejecutar políticas públicas para evitar o al menos mitigar los efectos del cambio climático y del calentamiento global.
Más aún, el primer mandatario argentino repite cada vez que le es posible que las potencias económicas del Hemisferio Norte deben pagar por los servicios ambientales que prestan al planeta las naciones subdesarrolladas y en vías de desarrollo del Hemisferio Sur. Pero su prédica, compartida con numerosos líderes políticos e intelectuales del mundo entero, se contradice con la errática política ambiental del gobierno que él preside.
Un primer ejemplo de esa incoherencia es el explícito impulso a la actividad petrolera en detrimento de la producción y utilización de biocombustibles en el país. Meses atrás, el Congreso de la Nación por impulso del diputado Máximo Kirchner y con el aval del Poder Ejecutivo sancionó una nueva Ley de Biocombustibles que reduce (o al menos estanca) el porcentaje vegetal que se mezcla con los combustibles líquidos que se utilizan en el país y, además, reduce los beneficios impositivos y fiscales para las compañías elaboradoras bioetanol y biodiesel. “De la mano de las autoridades de la Secretaría de Energía y de la compañía estatal YPF, todos venidos de la provincia de Santa Cruz, el gobierno cedió al lobby petrolero patagónico en detrimento de la actividad agroindustrial elaboradora de biocombustibles en base a caña de azúcar, maíz y soja del centro y norte del país” coinciden legisladores de la oposición, dirigentes rurales y ambientalistas.
Pero el ejemplo paradigmático del escaso interés presidencial por el cuidado del medioambiente se confirma en la Ley de Presupuesto 2022, enviada ya al Congreso para su discusión por el ministro de Economía Martín Guzmán, con un nuevo incumplimiento de la Ley de Bosques. En uno y otro caso, la intervención del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, fue nula.
Una vez más, por decimotercer año consecutivo, el gobierno nacional violará la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” sancionada en 2007 e incumplirá con la integración del “Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” destinado a compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
El Fondo de Bosques, según lo que determina la propia ley, debe integrarse por el 0,3% del Presupuesto Nacional y por el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Para 2022, ese 0,3% equivale a más de $30.000 millones y el 2% otros $15.000 millones, en total más de $45.000 millones, pero el proyecto de Presupuesto le asigna una partida apenas superior a $1.200 millones o un 2,5% del monto correspondiente.
Un cálculo aproximado y más o menos conservador, en base a informes de organizaciones ambientalistas, revela que entre 2009 y 2019 el gobierno nacional se apropió de más de $50 mil millones de las provincias por el incumplimiento de la Ley de Bosques mientras que con la retención indebida de fondos de los años 2020, 2021 y 2022 esa cifra, por los menos, se duplicará y superará ampliamente los $100 mil millones.
Claro está, el presidente Fernández nunca menciona fronteras adentro, como si lo reclama fronteras afuera, la posibilidad de pagar desde el gobierno nacional por los servicios ambientales que las provincias (principalmente las del norte, entre ellas Salta que es la que posee mayor superficie boscosa a conservar) brindan con el cuidado de sus bosques, selvas y demás áreas vegetales.
