Reorganizan el sistema nacional de control alimentario y se disuelve el Instituto Nacional de Alimentos. El Senasa asumirá los registros, fiscalización y control operativo.
El Gobierno nacional dispuso una profunda reorganización del sistema de control de alimentos de la Argentina. A través del Decreto 697/2026, resolvió disolver el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y distribuir sus funciones entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Salud de la Nación.
El nuevo esquema separa las tareas operativas de fiscalización de aquellas vinculadas con la definición de las políticas sanitarias. El Senasa absorberá las funciones de registro, control y fiscalización que estaban bajo la órbita del INAL, mientras que Salud concentrará la rectoría en materia de política alimentaria y composición de los productos.
La medida también introdujo modificaciones en el Código Alimentario Argentino y estableció, por primera vez, un plazo máximo de 45 días hábiles para completar sus procesos de actualización.
De acuerdo con los fundamentos de la reorganización, la distribución de responsabilidades responde a la especialización y a la capacidad operativa de cada organismo. El Senasa cuenta con laboratorios, inspectores y una estructura territorial desplegada en todo el país para intervenir tanto en la producción primaria como en la elaboración industrial de alimentos.
El Ministerio de Salud, en tanto, orientará su capacidad técnica hacia la definición de políticas de alimentación saludable. La primera prioridad anunciada será avanzar en la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, en línea con los objetivos planteados por el Gobierno para la nueva agenda alimentaria.
Un nuevo reparto de funciones
La reforma establece una división más clara entre la elaboración de las normas y su aplicación. El Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura participarán en la definición de los contenidos del Código Alimentario Argentino, mientras que el Senasa será responsable de controlar que los productos y establecimientos cumplan las disposiciones vigentes.
De esta manera, el organismo sanitario agroalimentario pasará a centralizar las competencias vinculadas con el registro de alimentos, la habilitación y fiscalización de establecimientos y el control de las importaciones de productos alimenticios.
También quedará facultado para autorizar y supervisar a los organismos oficiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que intervengan en la verificación del cumplimiento del Código Alimentario Argentino.
Las habilitaciones de los establecimientos serán realizadas por el Senasa o por las autoridades provinciales, según corresponda en cada caso. El objetivo declarado es evitar la superposición de intervenciones y avanzar hacia procedimientos comunes en todo el territorio nacional.
La decisión supone que un mismo organismo concentrará buena parte de las responsabilidades que hasta ahora se encontraban repartidas entre el INAL y el Senasa.
Menos trámites duplicados
Uno de los ejes centrales del decreto es la simplificación regulatoria. El Gobierno sostiene que la reorganización permitirá eliminar controles, evaluaciones y trámites que se realizaban de manera duplicada, sin reducir las exigencias destinadas a proteger la salud pública.
La reforma contempla el reconocimiento por equivalencia de certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes emitidas por países que cuenten con sistemas de control considerados equivalentes o que apliquen las disposiciones del Codex Alimentarius.
Ese reconocimiento buscará evitar que productos ya evaluados y autorizados en otros países tengan que atravesar nuevamente procedimientos similares en la Argentina.
También se eliminarán instancias duplicadas para registros, productos y establecimientos que anteriormente debían ser evaluados tanto por el INAL como por el Senasa.
La centralización apunta a que empresas, importadores, exportadores y elaboradores tengan que realizar sus gestiones ante una única autoridad, en lugar de presentar información semejante ante distintos organismos.
Una base única de datos
La modernización del sistema incluirá la creación de una Base Única de Datos, que estará bajo la responsabilidad del Senasa.
Allí se concentrará la información correspondiente a productos y establecimientos alimenticios. El sistema buscará facilitar el acceso a los registros, agilizar las gestiones administrativas y fortalecer la trazabilidad de los alimentos que se producen, importan y comercializan en el país.
La existencia de una base centralizada también debería permitir unificar antecedentes y evitar que la misma información sea solicitada en diferentes instancias administrativas.
El decreto prevé además la concentración de los registros de productos y establecimientos en un único organismo. Para el Gobierno, este cambio permitirá reducir la burocracia y brindar mayor previsibilidad a los usuarios del sistema.
Otro punto relevante es la fijación de un plazo máximo de 45 días hábiles para la actualización del Código Alimentario Argentino. La disposición busca acelerar los procesos de incorporación, modificación o eliminación de normas, que hasta ahora no tenían un límite temporal establecido.
Cambios para las importaciones
La reorganización también introduce modificaciones en el tratamiento de los alimentos importados.
Para los productos envasados destinados a la venta directa se prevé un esquema que permitirá agilizar el ingreso y trasladar parte de las verificaciones a instancias posteriores. El propósito es evitar demoras consideradas innecesarias antes de su comercialización.
Al mismo tiempo, el Senasa concentrará la fiscalización de las importaciones alimenticias y administrará los registros correspondientes.
El Gobierno sostiene que la simplificación de los procedimientos no implicará abandonar los controles sanitarios, sino reorganizarlos para reducir las intervenciones duplicadas y concentrar la responsabilidad en un único organismo.
La aplicación práctica de este sistema dependerá de la reglamentación de los procedimientos, los mecanismos de trazabilidad y la capacidad de fiscalización posterior sobre los productos que ingresen al mercado.
Certificaciones para exportar
El decreto también busca simplificar las exportaciones de alimentos.
Los productos destinados al exterior deberán cumplir las condiciones sanitarias y comerciales establecidas por el país comprador. Las certificaciones necesarias serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.
La concentración de esa función apunta a evitar que las empresas tengan que tramitar autorizaciones similares ante distintas dependencias del Estado.
El Senasa ya interviene en la certificación sanitaria de una amplia variedad de productos agroalimentarios y dispone de presencia territorial, laboratorios y personal técnico para verificar las condiciones exigidas por los mercados de destino.
Con la reorganización, el organismo ampliará su participación sobre el conjunto de los alimentos y centralizará las tareas operativas relacionadas con la fiscalización del comercio exterior.
Coordinación con las provincias
La reforma no elimina la intervención de las provincias ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero propone avanzar hacia una mayor armonización de los sistemas existentes.
El Senasa deberá impulsar convenios con las jurisdicciones para unificar criterios sobre registros, requisitos, aranceles y sanciones.
Uno de los objetivos es establecer un registro único para los establecimientos alimenticios, con una identificación válida y clara para comercializar productos en todo el territorio nacional.
La armonización buscará reducir las diferencias administrativas entre provincias y evitar que un establecimiento tenga que cumplir procedimientos distintos para operar en diferentes jurisdicciones.
No obstante, las habilitaciones podrán continuar bajo responsabilidad nacional o provincial, de acuerdo con las competencias que correspondan en cada territorio.
El funcionamiento de este esquema requerirá acuerdos con las autoridades locales, especialmente en aquellas jurisdicciones que ya cuentan con estructuras propias de control bromatológico y registros de productos y establecimientos.
La nueva función de Salud
La disolución del INAL no implica que el Ministerio de Salud deje de intervenir en materia alimentaria.
La cartera sanitaria absorberá dentro de su estructura central las funciones relacionadas con la definición de políticas alimentarias y concentrará su trabajo en la evidencia científica sobre la composición de los alimentos.
Su primera prioridad será avanzar en una agenda destinada a reducir y eliminar colorantes y saborizantes de los productos procesados.
Esa tarea será complementaria a la fiscalización que realizará el Senasa. Salud participará en la definición de los criterios sanitarios y nutricionales que deberán incorporarse al Código Alimentario Argentino, mientras que el organismo agroalimentario controlará su cumplimiento.
La Secretaría de Agricultura también tendrá intervención en la elaboración de las normas, de acuerdo con las competencias productivas y agroalimentarias bajo su responsabilidad.
Una transformación estructural
La disolución del INAL y el traspaso de sus funciones representan una transformación estructural del sistema de control alimentario argentino.
El Senasa ampliará considerablemente sus responsabilidades, al sumar a sus actuales competencias sanitarias y agroalimentarias el registro y la fiscalización de productos y establecimientos que estaban bajo la órbita del instituto disuelto.
El alcance efectivo de la reorganización dependerá ahora de la implementación de la Base Única de Datos, de la coordinación con las provincias, de la reglamentación de los controles posteriores y de la capacidad operativa que tenga el Senasa para absorber las nuevas tareas.
El Gobierno presenta el cambio como una estrategia para simplificar trámites, eliminar superposiciones, facilitar el comercio y concentrar responsabilidades. Al mismo tiempo, la reforma obliga a garantizar que la reducción de instancias administrativas no debilite la prevención sanitaria, la trazabilidad ni la capacidad de respuesta ante eventuales incumplimientos.
El nuevo sistema se apoyará en una separación de responsabilidades: el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura definirán las políticas y las normas alimentarias, mientras que el Senasa quedará a cargo de aplicarlas, fiscalizarlas y controlar su cumplimiento en todo el país.
