El nuevo esquema apunta a facilitar la protección de desarrollos vinculados al agro y la investigación aplicada.
Argentina modificó el régimen de patentamiento en biotecnología y eliminó una serie de restricciones que, según el Gobierno nacional, limitaban la innovación y el desarrollo tecnológico. A través de la Resolución 197/2026, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó la Resolución 283/2015, restableciendo los criterios que regían antes de esa normativa.
De acuerdo con los fundamentos de la medida, las disposiciones incorporadas hace más de una década habían generado dificultades para la protección de invenciones vinculadas a la biotecnología, afectando la inversión y el acceso a tecnologías estratégicas para sectores como la agricultura, la ganadería y la investigación aplicada.
Según el Gobierno, el nuevo esquema busca brindar mayor previsibilidad a investigadores, empresas y desarrolladores, favoreciendo la protección de innovaciones y fortaleciendo la competitividad argentina en áreas de alto valor agregado.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que la modificación representa un cambio significativo en la política de propiedad intelectual del país. “Argentina vuelve al mundo en biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación”, sostuvo.
Según explicó el funcionario, la normativa derogada exigía que determinados componentes modificados estuvieran “aislados” del organismo para poder ser patentados, una condición que, a su criterio, restringía sus posibilidades de aplicación industrial y, por lo tanto, de protección legal.
“La propiedad intelectual sólida es una condición de entrada a los grandes mercados. No es negociable para la Unión Europea, ni para Estados Unidos, ni para ningún acuerdo serio”, afirmó Sturzenegger.
La nueva resolución también incorpora una cláusula de resguardo para terceros de buena fe que actualmente comercialicen productos alcanzados por solicitudes de patentes aún en trámite. De esta manera, el Gobierno busca garantizar seguridad jurídica durante la transición hacia el nuevo esquema regulatorio.
