El Senado y la Justicia bloquearon la reforma del INTA dispuesta por decreto 462/2025, pero el Gobierno avanzó con la disponibilidad de personal del INTA, INV e Inase.
El Poder Ejecutivo sufrió un revés político e institucional con su intento de reformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante el decreto 462/2025. La Cámara de Senadores rechazó la iniciativa por amplia mayoría -60 votos en contra, 10 a favor y una abstención-, en línea con lo ya resuelto por Diputados. En paralelo, la jueza federal Martina Isabel Forns otorgó una medida cautelar presentada por los gremios Apinta y ATE, que suspende por seis meses la aplicación del decreto e impide traslados, cesantías o modificaciones estructurales en el organismo.
Sin embargo, pese a estas decisiones, el Gobierno resolvió avanzar con medidas administrativas. A través de la Resolución 1240/2025, publicada por el Ministerio de Economía, se dispuso que personal de planta permanente del INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el disuelto Instituto Nacional de Semillas (Inase) pase a situación de disponibilidad por hasta doce meses, de acuerdo con lo previsto en la Ley 25.164.
La resolución también limita licencias, comisiones de servicios y adscripciones del personal afectado, y establece que los agentes deberán ser notificados en forma individual.
De esta manera, el conflicto en torno al INTA combina ahora un escenario de freno judicial y legislativo con decisiones administrativas que mantienen la tensión entre el Gobierno y los sectores vinculados al organismo.
