El Gobierno nacional reduce fiscalizaciones en bodegas y apunta a reforzar los controles sobre el producto terminado.
Tras la publicación del Decreto 462/2025 en el Boletín Oficial, que establece la desestructuración de diversos organismos del Estado, uno de los cambios más relevantes para el sector vitivinícola es la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de organismo autárquico a dirección dependiente de la Secretaría de Agricultura de la Nación. La medida genera, a la vez, expectativas e incertidumbre el sector.
El Decreto 462/2025 establece cambios en las funciones del INV:
Inocuidad: se fiscalizará en el tramo final de la cadena productiva. Esto implica que los inspectores del Instituto dejarán de estar en los establecimientos. Se dejarán de realizar aproximadamente 5.000 fiscalizaciones anuales en las bodegas (no se realizarán más fiscalizaciones en bodega, únicamente del producto terminado). Se eliminan también más de 10.000 Declaraciones Juradas (DDJJ) que debían presentar los establecimientos (la principal DDJJ que se elimina es la semanal de elaboración, CEC01).
A su vez, para garantizar la inocuidad y el cuidado de la salud de los consumidores, se incrementarán las fiscalizaciones de producto terminado y el valor de sus sanciones (hoy se fiscaliza el 0,33 % del producto terminado y se pretende incrementar al 5 al 10 %).
Genuinidad: los certificados de origen, añada y varietal tendrán carácter optativo. Para poder certificar se mantendrán el registro de viñedos y bodegas, el CIU, y una única DDJJ anual de elaboración (CEC05).
También, el Instituto dejará de determinar el grado alcohólico.
En resumen, se mantendrá el registro de viñedos, las únicas DDJJ que continuarán son las de inicio y fin (CIU y CEC05 anual), no se realizaran más fiscalizaciones en bodegas, y sí se va a fiscalizar más fuertemente el producto terminado incrementando sus sanciones para garantizar la inocuidad.
Reacciones
Para discutir los alcances del decreto de desregulación que convirtió al INV en una unidad organizativa bajo la órbita de Agricultura, a mediados de julio pasado, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, convocó en Buenos Aires una reunión de la que participaron los ministros de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y de San Juan, Gustavo Fernandez, junto a referentes de cámaras empresarias del sector, como Bodegas de Argentina, Coviar y representantes del cooperativismo vitivinícola.
“Fue la mejor reunión que hemos tenido como sector”, aseguró Vargas Arizu al finalizar el encuentro, según consigno el diario Los Andes. “Primero, porque fuimos muy consultados. Participaron actores de todo el ecosistema: grandes bodegas, el cooperativismo, la gente del mosto. Acordamos cómo se va a registrar el viñedo el CIU va a seguir vigente- y también el control de trazabilidad de zona y variedad”, explicó el funcionario mendocino.
En el marco de la Expo Rural 2025, El Tribuno Campo consultó al ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, y al presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González, quienes coincidieron en destacar los aspectos positivos de la reestructuración, aunque advirtieron sobre la necesidad de preservar los controles y estándares de calidad que distinguen al vino argentino en el mundo.
El funcionario sanjuanino calificó como “una experiencia positiva”, al referirse a la reunión con Agricultura y explicó que la iniciativa sobre el INV apunta a eliminar trámites y fiscalizaciones innecesarias que encarecen y burocratizan la actividad.
“Esto permitirá al INV enfocarse en lo esencial: garantizar la trazabilidad del vino desde la tierra hasta la botella, y conservar su rol como certificador de calidad para las exportaciones, un sello muy valorado internacionalmente”, sostuvo. Según dijo, el cambio fue consensuado con todas las provincias productoras, cámaras empresarias, Coviar y entidades del sector, con un rol destacado de Mendoza.
En la misma línea, el titular de la Coviar consideró que “estamos ante un nuevo escenario político, económico y regulatorio que obliga a replantear las prioridades”. Celebró la reducción de fiscalizaciones excesivas -que en algunos casos superaban las 2.000 inspecciones anuales-, pero subrayó que “de eso a cero, tampoco está bien”.
“El desafío es encontrar un equilibrio lógico: controles de inventario una vez al año, declaraciones juradas de ingreso de uva, y un seguimiento que asegure la autenticidad del vino y su origen, evitando mezclar provincias o variedades”, detalló.
Por último, Gonzáles insistió en que la trazabilidad y el control de genuinidad del producto son ejes centrales. También adelantó que se trabaja en un sistema para que los controles pasen a focalizarse en góndola, asegurando que lo que se ofrece al consumidor cumpla con los estándares de calidad y etiquetado que respaldan el prestigio de la vitivinicultura argentina.
