La Cámara y representantes de Economías Regionales analizan el impacto potencial del DNU 70/23 y la Ley Ómnibus, enfocándose en medidas que mejoren la rentabilidad y la inversión en el país.
Productores agroindustriales, agrupados en el sector de Economías Regionales de la (Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que representa a más de 400 entidades de la actividad primaria, se reunieron de manera virtual con autoridades de las federaciones económicas provinciales. Tras un intercambio de opiniones, decidieron presentar en los próximos días a legisladores nacionales, gobernadores y al Gobierno nacional estudios económicos detallados sobre el impacto previsto tanto del DNU 70/23 como del proyecto de “ley ómnibus” en las cadenas productivas y pymes de todo el país.
Ambas normativas plantean inicialmente la creación de una herramienta jurídica con disposiciones que, en algunos casos, se consideran obsoletas en las legislaciones existentes y, en otros, se identifican como medidas beneficiosas para mejorar la rentabilidad y las inversiones en la Argentina profunda. La Cámara sostiene que se requieren observaciones para garantizar que, en caso de convertirse en ley, impacten positivamente en todo el sistema productivo del país.
CAME reconoce la importancia de establecer normas claras que proporcionen previsibilidad, especialmente ante la crisis recurrente que atraviesan los actores de la cadena agroindustrial, facilitando la interacción entre los diferentes participantes de dicha cadena.
Es relevante señalar que tanto el DNU 70/23 como el proyecto de ley ómnibus mencionan las Economías Regionales en diversos aspectos. No obstante, es importante recordar que hasta la fecha no existe una normativa que las defina. Las economías regionales representan el 63% de los productores nacionales, superando los 155,000, y generan empleo directo para más de 620,000 jornaleros al año. Además, tienen una capacidad de exportación de alrededor de 7,500 millones de dólares, excluyendo los biocombustibles. Este valor podría duplicarse en el mediano plazo adoptando medidas como la reducción de la presión tributaria, la eliminación de la burocracia y la creación de un entorno propicio para las gestiones comerciales, incluida la flexibilización de la contratación laboral y la definición de reglas claras a largo plazo.
