Según la iniciativa, en biodiésel se baja del 10 a 5% la mezcla en el gasoil. En el etanol queda el 12% actual, pero desde una cámara que lo elabora en base a maíz denuncian diferencias de trato con la caña de azúcar.
Córdoba. – Casi un mes después de lo anunciado y con la firma de 14 diputados del Frente de Todos y uno del PRO ingresó el proyecto para reemplazar la actual ley de biocombustibles, sancionada en 2006, y generar un nuevo marco regulatorio para el sector. El 12 de mayo próximo vence el actual régimen. La principal diferencia con un borrador que había circulado antes, y que se atribuía como ideólogo a Máximo Kirchner, es que el recorte de la mezcla es menor en esta iniciativa.
La iniciativa establece que para el gasoil el corte mínimo de biodiésel debe ser del cinco por ciento (hoy es el 10 %), aunque la Secretaría de Energía de la Nación podrá elevarlo o reducirlo hasta un piso del 3 %. En el caso de las naftas, indica que deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12 % (queda igual que ahora).
Tanto las cámaras empresarias como los legisladores de la oposición como los peronistas representantes de provincias productoras de biocombustibles están analizando el proyecto. “Haremos lo que al sector productivo de Córdoba le convenga y consensuemos con ellos, estamos analizando el texto”, dijo a LA NACION el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, de Hacemos por Córdoba.
Fuentes empresarias también dijeron a este diario que antes de fijar una posición deben estudiar en detalle el texto, aunque, a priori, comentaron que crece la discrecionalidad para las decisiones de Energía y que deja de ser un “fomento” al sector.
La diputada del PRO por Córdoba, Soher El Sukaria, dijo que “el kirchnerismo -como en su peor época- no quiere a los cordobeses”. “Es increíble que el presidente y sus diputados tengan en vilo a un sector que representa miles de fuentes de trabajo para Córdoba ¿O ustedes tienen alguna duda que si esta Ley afectaría al conurbano bonaerense no lo hubiese solucionado ya?”.
Una mirada diferente es la de Eduardo Fernández, cordobés del Frente de Todos y uno de los autores de la iniciativa: “El proyecto lleva la firma de los legisladores que entienden el tema de energía de las distintas provincias; nos costó, pero consensuamos en comisión se podrán ver algunos puntos, pero da mucha más seguridad jurídica que el anterior”.
El lunes se analizaría en comisión el proyecto. Una posibilidad que se baraja es que, si el oficialismo no logra los votos, habría una prórroga del actual marco por decreto para seguir discutiendo el nuevo. Mejorar las condiciones para el etanol es una forma de sumar votos.
El marco impulsado, si se aprueba, regirá hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional extenderlo por única vez, por cinco años. El proyecto lleva la firma, además de Kirchner, de Omar Félix, Marcos Cleri, Pablo Yeldin, Mabel Carrizo, Mario Leito, Carlos Cisneros, María Moises, Gabriela Estévez, Eduardo Fernández, Pablo Carro, Alejandra del Huerto Obeid, Pedro Martínez, Alcira Figueroa y Marcelo Casaretto. En la lista está el diputado del PRO de Tucumán, Domingo Luis Amaya.
Qué dice la propuesta
La propuesta establece que sólo podrán elaborar, almacenar y/o comercializar biocombustibles, o mezclarlos con combustibles fósiles en cualquier proporción, las empresas habilitadas; las productoras o destiladoras de hidrocarburos no pueden ser titulares ni tener participación fabricantes de biocombustibles. Las que produzcan biodiésel para el mercado interno no podrán exportar.
La Secretaría de Energía asignará las cantidades para el corte a abastecer por las productoras, con un límite de 50.000 toneladas anuales “en el caso de las empresas con escala superior”. Si alguna no pudiera cumplir y estuviera en riesgo el abastecimiento para el corte, otra podría suplir una parte. Hasta que no se agote el uso de la capacidad instalada, no pueden sumarse otras empresas.
Energía –como autoridad de aplicación- fijará los volúmenes de bioetanol de caña de azúcar equivalentes al seis por ciento de la mezcla mínima obligatoria. En caso de “escasez general y comprobada”, podrá reducir transitoriamente el porcentaje y elevarlo cuando “considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda”.
También en el artículo 12 establece que las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de caña de azúcar, una condición no prevista para el de maíz, “superar el porcentaje de corte en función de las particularidades técnicas” de sus plantas y procesos, de la optimización de costos que se reflejen en el precio final, del costo de los sustitutos, y del ahorro de divisas, “hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia sobre la calidad y composición fisicoquímico del producto final”.
Desde Biomaíz, entidad que aglutina a productoras de bioetanol de maíz de Argentina, su director ejecutivo Patrik Adam calificó al proyecto de “improvisado, mal pensado, anti Córdoba y anti Santa Fe”. Dijo a este diario que “destruye empresas; va en contra de todos los acuerdos climáticos que firmó la Argentina y tiene asimetrías en el trato del maíz y de la caña de azúcar”. A su criterio, “avasalla autonomías provinciales y frena proyectos regionales”.
Diferencia de trato
Para el caso del bioetanol de maíz, los volúmenes equivalentes al seis por ciento de la mezcla mínima serán asignados por Energía, que “podrá elevar el porcentaje nominal cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda o reducirlo hasta un 3% en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor”.
Si hubiera reducción de corte, la iniciativa indica que “dos tercios” será soportado por las empresas elaboradoras que desarrollen “actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales” (cerealeras) y un tercio, por el resto.
Respecto de las metodologías de cálculo de los precios, deberán garantizar “una rentabilidad” que determine Energía “considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.
El artículo 16 indica que, cuando las condiciones del mercado lo permitan, Energía arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, “con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.
El proyecto deja exentos de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y del que rige sobre el Dióxido de Carbono (ICO2) al biodiésel y el bioetanol En el caso de la mezcla, la carga será sólo sobre el componente fósil. También fija penalidades para quienes incumplan la ley; además impulsa la creación de una Comisión Especial de Biocombustibles.
Por: Gabriela Origlia
Fuente: La Nación
