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LEY DE PRINCIPIOS RECTORES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 08-11-08
 

Desde hace casi un año los salteños tenemos pintado de rojo el plano de nuestra provincia por una ley nacional que no permite el otorgamiento de permisos de desarrollos productivos en nuestra tierra. Por Alfredo Petrón, diputado provincial.

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos obliga a las provincias a ordenar territorialmente sus bosques nativos y a calificarlos de acuerdo a su necesidad de conservación para luego fijar qué territorios podrán ser utilizados para la producción. Mientras la provincia no promulgue su ordenamiento, Salta seguirá pintada de un rojo prohibitivo.

 

Como Diputado siento la obligación de aportar mi opinión para el debate y por ello elevé mi proyecto de Ley de Principios Rectores del Ordenamiento Territorial, bajo expediente 91-21.145/08, para que junto a otros proyectos ayude a elaborar una ley consensuada.

 

Por Constitución Nacional, el dominio de los recursos naturales corresponde a las provincias.

 

La posibilidad de que una ley nacional afecte esta potestad surge de la reforma de la Constitución en el año 1994. Allí se estableció la posibilidad de que una ley nacional establezca los presupuestos mínimos de protección sin que estos alteren las jurisdicciones provinciales. Es por ello que, a mi entender, en un exceso de atribuciones la Nación promulga la Ley 26.331, en donde no sólo dicta los presupuestos mínimos sobre la protección de bosques nativos, sino que también pretende inconstitucionalmente fijarles a las provincias sus posibilidades de crecimiento productivo y la administración de sus recursos económicos.

 

Estas arbitrariedades no son casuales, surgen de un pensamiento totalitario que pretende enseñarnos a los salteños cómo debemos cuidar nuestros recursos naturales, cuando en los distritos de dónde provienen los iniciadores de estas ideas son hoy páramos en los que había bosques que permitieron el rico desarrollo de esas ciudades, sin la sostenibilidad que nosotros practicamos.

 

Salta es la provincia que más bosques nativos posee, la que más posibilidades de crecimiento de bosques implantados tiene, la que está regida por las leyes más modernas al respecto del país, como la Ley 7017 Código de Aguas de la Provincia de Salta, vigente desde el año 1999, la Ley 7070 de Protección del Medio Ambiente, vigente desde el año 2000, o la Ley 7107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Salta, vigente también desde el año 2000.

 

Sin embargo, y a fin de continuar con las prácticas sostenibles que pretendemos, es necesario tratar urgentemente la ley de ordenamiento a fin de establecer los colores protectores que debe tener nuestro territorio.

 

Las pretensiones de la Nación avanzan sobre el derecho a la propiedad y los derechos adquiridos de algunos emprendedores salteños que iniciaron sus actividades bajo otro marco jurídico y a los cuales estas variaciones poco serias los pueden perjudicar. Esos perjuicios, sin son para el bienestar común de la mayoría de los argentinos son entendibles, pero el necesario resarcimiento garantizará que se cumpla con los principios fundacionales de cualquier república, de lo contrario seguiremos avalando con nuestro desinterés las prácticas apropiadoras del actual Gobierno nacional.

 

En la ley nacional, por presión de los emprendedores salteños, se incluyeron estas salvedades, pero conociendo una gran cantidad de compromisos nacionales para con las provincias que luego no se cumplen, mi proyecto pretende proteger estos principios republicanos.

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia dijo que recién el próximo 17 de noviembre presentará su proyecto de ley. La fecha límite según la ley nacional es el 28 de noviembre. Si ingresa por diputados tendrá estado parlamentario el 18 y si entra por senadores será el 20; claramente se ve que los tiempos no alcanzarán.

 

Ni pensemos si los legisladores en tiempo record promulgamos una ley consensuada pero la misma es vetada por el Poder Ejecutivo. Desde hace meses vengo sosteniendo que esta demora es sin duda una práctica tendiente a la caducidad del plazo, única forma de que Salta entera siga pintada de rojo.

 

La contratación de consultores afines a esta línea de pensamiento centralista aumenta mis sospechas. La referencia constante a un supuesto decreto reglamentario de la Presidencia agrava mi presunción, más allá que ese tipo de norma no podrá estar por encima de lo autorizado por la Constitución Nacional: sólo una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Espero estar equivocado, el tiempo dirá quien tiene razón.


Fuente: El Tribuno Campo


 

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