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Razón y locura. Un intento por entender el conflicto Gobierno- campo 19-06-08
 

Un intento por entender el conflicto entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario. Por Gonzalo Teruel.


Razón y locura



Por Gonzalo Teruel


Días pasados, de manera inesperada pero inevitable, durante un almuerzo con personas que quiero profundamente quedé envuelto en una discusión que tenía por tema el conflicto desatado entre el sector agropecuario y el Gobierno nacional.

 

Esa discusión, tres meses de seguir cada uno de los sucesos de este agotador proceso y el pedido de unos amigos que viven en el extranjero para que les explique lo que pasa en Argentina me ponen frente al difícil compromiso de analizar e intentar entender la situación.

 

Lo primero que se me ocurre es que ante semejante confusión, las tradicionales categorías y conceptos con que hemos entendido las confrontaciones en nuestro país parecen ser insuficientes.

 

La vieja oposición pueblo- capital no alcanza para contener a los actores que hoy se enfrentan. El Gobierno no es el pueblo y los ruralistas no son el capital.

 

El pueblo, ese colectivo tan utilizado en los discursos y tan difícil de definir con exactitud, es bastante más que el Gobierno y está en el Gobierno, en la oposición y en los indiferentes. Adjudicarse la exclusividad de su posesión y su representación es una exageración que no merece mayores comentarios.

 

Por su parte, los ruralistas no son el capital o por lo menos no son los únicos actores del capital. El capital está en los ruralistas pero también en el sistema financiero, en los grupos concentrados de la economía que manejan los servicios públicos y los medios de comunicación, sólo por citar algunos ejemplos. El capital además está en el Gobierno que, sentado sobre los 50 mil millones de dólares del Banco Central, maneja la caja más grande de los últimos 50 años.   

 

Está dicotomía en nuestro país se expresó en la antinomia peronismo- oligarquía. Antinomia también insuficiente desde el momento que muchos peronistas acompañan el reclamo rural y desde que los antiguos oligarcas fueron reemplazados por empresarios agropecuarios más sofisticados y por productores –pequeños, medianos, grandes y muy grandes- que encontraron en la soja el crecimiento económico pero que carecen de la impronta y los intereses de aquellos terratenientes.

 

Además, por más que en cada discurso afirme que combate a oligarcas y capitalistas, Néstor Kirchner no es Juan Domingo Perón. Es, simplemente, Néstor Kirchner.

 

Otras categorías históricas como campo- ciudad o interior- Buenos Aires también han sido superadas. El inicial reclamo de los productores agropecuarios se ha instalado en las ciudades que recobraron la energía perdida durante los años `90 gracias a los dólares que inyecta la actividad agropecuaria, Córdoba y Rosario dan muestras de ello. Por otra parte, si bien es cierto que gobernadores de provincia e intendentes aprovechan esta disputa para marcar sus diferencias con el poder central por el funcionamiento del régimen federal, nadie pensaría que estén dispuestos a marchar hacia Capital Federal al frente de grupos de milicianos. Entre las pocas cosas del siglo XX que tenemos para felicitarnos los argentinos está la de habernos integrado finalmente como país.

 

Una última oposición, Estado liberal- Estado benefactor también cae en saco roto. Después de años –los últimos 30- de políticas liberales que desencadenaron en la crisis del año 2001 nos hemos acercado a la idea de que el Estado, sin ser necesariamente el tradicional benefactor, debe intervenir en la economía y regular al mercado.

 

Lo que este conflicto ha puesto sobre la mesa es la forma que debe tener esa intervención y es eso justamente lo que le molesta al Gobierno, que alguien cuestione la manera en la que ha decidido intervenir.

 

Los productores agropecuarios se quejan del aumento a las retenciones porque les toca los bolsillos pero también porque se sienten maltratados y es en ese punto donde se encuentran con empresarios, comerciantes, asalariados y hasta con dirigentes políticos aporreados en algún momento por el kirchnerismo.

 

La administración Kirchner ha decidido intervenir fuertemente en la economía y en la vida de todos los argentinos y eso no se le cuestiona. Se le cuestiona que lo haga de manera cada vez más autoritaria.

 

Se le cuestiona que aumente un impuesto mediante una simple resolución ministerial y no –como manda la Constitución Nacional- mediante una ley del Congreso.

 

Se le cuestiona que decida el destino de los fondos públicos sin consultar a los gobernadores y los legisladores a través de un presupuesto subestimado y con los llamados “superpoderes” del Jefe de Gabinete.

 

Se le cuestiona que ignore a los partidos políticos opositores y al Congreso de la Nación al que ha convertido en una mera escribanía para legitimar el manejo discrecional de los recursos.

 

Ante estos cuestionamientos el Gobierno ve fantasmas, conspiraciones y desestabilizadores y se encierra en sí mismo desconfiando de todo y de todos. Ante el más simple de los reclamos de racionalidad en el manejo de la cosa pública, el Gobierno dibuja sus propios enemigos.

 

La disputa con el campo ha puesto en evidencia y de manera descarnada la lógica sobre la que se apoya el kirchnerismo: la lógica del amigo- enemigo.

 

En la primera etapa de la administración Kirchner esta lógica política -tan antigua como elemental- le resultó bien y se cargó a los jueces de la Corte menemista, a los sectores más retrógrados de las FFAA y la Iglesia, a los más oscuros dirigentes políticos y al FMI.  

 

Todo el país lo acompañó en esa pelea contra genocidas, curas abusadores de menores y políticos corruptos pero ahora –a sólo seis meses de haberle ratificado la confianza en las urnas- no puede acompañarlo cuando el enemigo son los productores agropecuarios.

 

El Gobierno se equivocó al elegir el enemigo de esta nueva etapa mostrando una miopía política que hasta ahora parecía ser propiedad exclusiva de la oposición. El productor sojero –pequeño, mediano o grande- no es un enemigo para el resto de los argentinos. Es el pariente, el vecino, el proveedor o deudor y finalmente es otro argentino.

 

Sin embargo, y ya dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias el enfrentamiento, el Gobierno esgrime un poderoso argumento: la redistribución del ingreso. Fatalmente vuelve a equivocarse.

 

Nadie, a excepción de algún trasnochado, puede estar en contra de la redistribución de la riqueza y justamente en virtud de ese amplio consenso se le exige transparencia en los mecanismos para hacerlo.  

 

Transparencia que –por torpeza o mala intensión- el Gobierno no cuenta entre sus principales virtudes.

 

Al productor agropecuario le cuesta creer en la redistribución de la riqueza cuando con el aumento de las retenciones se fomenta la concentración de la tierra y se atenta contra los productores más chicos y alejados de los puertos. Le cuesta creer en la redistribución cuando se ataca el cultivo de soja después de desalentar por años la producción de carne, leche y trigo con precios “sugeridos” y exportaciones cerradas. Le cuesta creer cuando le aumentan las retenciones a los granos y no se grava a las multinacionales dedicadas a la minería.

 

Al productor agropecuario le cuesta creer en redistribución cuando el Gobierno niega la inflación que es el elemento que más afecta la economía de los sectores populares. Le cuesta creer cuando la última medición del INDEC afirma que los precios subieron un 0,6%.

 

Al productor agropecuario y a sectores cada vez más numerosos les cuesta creer cuando se anuncia la construcción de un tren de alta velocidad mientras los trenes metropolitanos se encuentran en estado deplorable y los trenes de cargas parados. Les cuesta creer que la construcción de 30 hospitales es prioritaria cuando el Gobierno lleva 5 años de gestión.     

 

Les cuesta creer en la redistribución de la riqueza cuando el IVA –el más regresivo de los impuestos porque es igual para el millonario y el cartonero- supera el 20%. Les cuesta creer en la redistribución cuando aumentan las retenciones pero no se grava la renta financiera. Les cuesta creer en la redistribución cuando no existe una ley de coparticipación federal clara y actualizada.

 

Les cuesta creer que la redistribución vaya a ser hecha por Guillermo Moreno, Luís D’ Elia, Hugo Moyano y Rubén Manusovich y, ¿Quién puede culparlos por tener dudas?

 

Cuando los productores agropecuarios hablan de “otro modelo de país” o de “cambiar el país” no son golpistas ni “gorilas”. Simplemente piden un cambio –no de Gobierno ni del sistema democrático- sino en el modo de ejercer la administración del país.

 

Ese pedido, tantas veces escuchado, tiene que ver con el cumplimiento efectivo del primer artículo de la carta magna que establece para Argentina la forma representativa, republicana y federal.

 

Asimismo, una vez superada la crisis social y en plena expansión económica, es lógico que los argentinos reclamen una mayor calidad institucional y ya no hay excusas para negarla. 

 

De la mano de la soja los productores agropecuarios han experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años y no quieren achicarse de nuevo. No quieren perder los beneficios de su trabajo, sea renta ordinaria o extraordinaria, porque ya no existe una crisis desesperante que demande sacrificios extraordinarios y porque ya abonan un 35% en derechos de exportación.

 

Este conflicto de carácter tributario se ha extendido de manera impensada y no se discute ya el aumento o no de las retenciones a la soja sino la forma de fijar los impuestos y, en realidad, lo que se discute es la forma en la que el Gobierno ejerce el poder.

 

A nadie debiera preocuparle que se discuta eso porque es propio de democracias adultas y consolidadas pensar y debatir la forma de mejorar sus instituciones.

 

Sin embargo, ante la más importante de las oportunidades de los últimos 50 años para la economía nacional, los argentinos nos aferramos a los viejos fantasmas del pasado. Cuando el mundo demanda alimentos, Argentina desalienta su producción con decisiones incomprensibles.

 

Ante el requerimiento creciente de las mercaderías que producimos y de cara al escenario más favorable que ha tenido nuestro país en décadas, la mejor forma de combatir la inflación y distribuir la riqueza es fomentar la producción.

 

Desaprovechar esta nueva oportunidad es un error que puede marcar fatalmente el destino de generaciones de argentinos pero no es el peor de los errores que podemos cometer.

 

Hoy el gran error a evitar es un nuevo enfrentamiento entre argentinos y la vuelta de la violencia política.

 

Mis amigos del extranjero y los de aquí, con los que volveré a almorzar, entenderán después de estas líneas que la mejor forma de analizar e intentar entender este conflicto es desde dos categorías que no siempre utilizamos: razón y locura. 


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